La Justicia de Chubut ordenó un allanamiento y el secuestro de material de interés para la investigación en el marco de una causa que identificó a una presunta organización que unía a un grupo de abogados y a una jueza que, a través de demandas laborales, se terminó apropiando de bienes de manera irregular, algunos propiedad del Grupo Indalo.
Por instrucción de la fiscal María Bottini -que ya había imputado antes de fin de año a la magistrada provincial Alicia Arbilla y al presidente del Colegio de Abogados de Esquel, José María Venancio-, en dos operativos llevados a cabo ayer, también se secuestró el teléfono celular de Silvano Simeoni, según pudo establecer Ámbito. Esa persona también resultó imputada porque fungía como “testigo” en los pleitos que iniciaba Venancio y como “ganador” de los remates de bienes que se llevaban a cabo con autorización judicial.
Según consignó Diario Jornada de Chubut, el allanamiento se llevó a cabo con el objetivo de establecer dónde estaba un grupo electrógeno (propiedad de la empresa Ganadera Santa Elena SRL), embargado y rematado de manera irregular. Por eso hubo un operativo en un domicilio particular y otro en la sede de la empresa Masteva, ubicada en las afueras de Esquel, y propiedad de Simeoni.
Con autorización del juez Rolón, en este predio se constató que un grupo electrógeno Caterpillar valuado en 161.000 dólares. En la diligencia intervino un perito designado por el Ministerio Público Fiscal de Esquel, quien revisó el estado actual del bien que había sido rematado con la excusa de pagar una demanda laboral cuya condena confirmada fue por $ 25 mil pesos.
Uno de los hechos más escandalosos es que Simeoni se alzó con el remate pagando la módica suma de $ 97 mil pesos. Todo dentro del proceso que había autorizado Arbilla, por ahora imputada por incumplimiento de los deberes de funcionario. El equipo quedó al resguardo en el predio allanado. Venancio y Simeoni están imputados por estafa procesal. Ahora comenzará la recolección de pruebas del teléfono del empresario que se quedó con el generador.
Más allá de que la investigación está centrada en los bienes de empresas relacionadas al Grupo Indalo, la fiscal también focaliza en desnudar un modus operandi que existiría y que tendría relación con otras demandas que se enmascaraban en pleitos de índole laboral, pero que escondían la verdadera intención de desapoderar a los demandados de otros bienes.
LA DENUNCIA DE CRISTÓBAL LÓPEZ
A Venancio, la fiscal Bottini le adjudica haber procedido al embargo del generador en la localidad Gobernador Costa, para luego disponerlo en una subasta que se realizó en febrero de 2019, adquiriéndolo el mencionado Simeoni por una suma muy por debajo de su valor de mercado, que podría ser considerado precio vil.
Según la denuncia que interpuso el empresario Cristóbal López y que investiga la fiscal Bottini, Venancio sabía que el bien en cuestión no pertenecía a la parte demandada en un juicio laboral, sino a otra sociedad, Ganadera Santa Elena SRL, pero igualmente logró embargarlo y rematarlo.
Asimismo, otra de las líneas de investigación que tendrá que determinar la fiscal es si la jueza Arbilla, que hizo lugar a toda la operatoria, conocía la situación o fue engañada por Venancio. Lo curioso es que la magistrada, apenas estalló el caso en Chubut, hizo una defensa cerrada del rol de Venancio y cargó contra la empresa perjudicada, aduciendo que no había hecho planteos en los tres expedientes laborales que tuvo a su cargo y que, en otros términos, no se había defendido.
Ante toda esta situación, Arbilla -que ocupa el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Noroeste- fue recusada en los tres expedientes laborales que sigue tramitando, pero rechazó apartarse. A la vez, fue denunciada en el Consejo de la Magistratura local por las causales de mal desempeño de sus funciones, algo que puede llegar a activarse a la luz de los nuevos hallazgos, apenas se reanude la actividad en febrero.
Foto: Gentileza Diario Jornada