La Justicia dictó la inhibición de bienes para el ex presidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que lo investiga por el denominado escándalo de los seguros.
Lo determinó el juez Julián Ercolini. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios implicados en el escándalo. Esto significa que no podrán vender ni disponer de sus bienes.
Ercolini también pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de estas personas, como así también solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales de Fernández, Pagliano, Cantero, Tanos y Eufemio, entre otros, desde el 2009 a la fecha.
La investigación
En febrero, el fiscal federal Ramiro González había impulsado la investigación penal contra el expresidente por la presunta contratación irregular de los seguros del Banco Nación para la administración pública a través de un gestor privado, marido de una de sus secretarias.
El fiscal se pronunció así ante la consulta del juez federal Julián Ercolini sobre la denuncia de la abogada Silvina Martínez presentada en la víspera.
La abogada Martínez denunció a Alberto Fernández y al ex titular de Nación Seguros –la aseguradora del Banco Nación- Alberto Pagliano por la presunta contratación irregular de seguros de vida para los créditos otorgados por la ANSES a sus afiliados.
La denunciante pidió que se investigue “la presunta comisión de los delitos de violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.
El escrito describe, sobre la base de una investigación periodística, la supuesta “trama de contrataciones opacas con el rubro seguro, actividad que Alberto Fernández conoce en profundidad porque allí inició su actividad política”.
“Dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios”, sostiene la denuncia.
“Nación Seguros subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los dos organismos estatales, a un broker, con una comisión tres veces mayor a la del mercado: 17%. Unos $ 300 millones mensuales”, abundó.
La denuncia apunta a que el “intermediario” era Pablo Torres García, “un empresario y bróker financiero que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado. Y otro bróker, Héctor Martínez Sosa, casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero”.