Este lunes a las 14.30 empieza el juicio político contra Norma Abate de Mazzuchelli, la jueza que pidió una coima de ocho millones para tramitar una sucesión en la provincia de La Rioja. Manuela Saavedra, que grabó la cámara oculta, declarará como testigo.
El escándalo protagonizado por la jueza derivó en dos causas distintas: una causa penal en la que está imputada por el delito de concusión y un proceso de juicio político en el que se evalúa su mal desempeño para después tomar una decisión sobre su cargo.
La primera en declarar este lunes será Saavedra, la mujer que administraba una sucesión familiar y visitó a la jueza porque el expediente permanecía aletargado. Cuando llegó al despacho, Mazucchelli le pidió ocho millones de pesos por su labor en la sucesión, con el argumento de que su sueldo de funcionaria era bajo. Después disminuyó el precio a cinco millones. Ese intercambio quedó filmado.
El 15 de mayo, Saavedra denunció a la jueza, que también es una importante referente de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina. En su presentación también dijo que Mazzuchelli le envió emisarios a presionarla para que pagara por el “reconocimiento”.
La víctima deberá declarar ante un jurado compuesto por seis miembros, que deberá decidir entre estos tres escenarios posibles: si la jueza es condenada y removida de su cargo; si es absuelta y vuelve a la presidencia de la Cámara 4° del fuero civil; o si le dan una sanción menor.
El jurado resuelve con una mayoría de dos tercios, con votos fundados por cada uno de acuerdo a las reglas de la sana crítica. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia es parte del jurado que tomará la decisión sobre Abate de Mazzuchelli.
La primera audiencia del juicio será este lunes, pese a que el debate debía comenzar el 2 de julio. Esto se debe a que las autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja aceptaron diferentes recursos pedidos por la defensa de Mazzuchelli para suspender el debate.
En un comunicado oficial, el TSJ, presidido por la jueza Gabriela Asís, dejó en claro que se había podido fijar fecha tras “sucesivas sesiones donde se resolvieron todos los planteos formulados por la magistrada acusada, entre ellos las recusaciones planteadas”.