Una de las primeras medidas tomadas al asumir la actual gestión encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, fue presentar en la Legislatura provincial un proyecto de ley de Emergencia Penitenciaria.
Al aprobarse la ley 3426 se comenzó a dar respuesta a un problema heredado, producto de décadas de nula inversión en materia carcelaria y que derivó en la presentación de un Habeas Corpus al que la justicia provincial hizo lugar en 2022, señalando las “indignas condiciones de habitabilidad” de las unidades de detención en todo el territorio provincial.
En sus argumentos, la actual gestión de gobierno expuso que en los últimos años la Provincia del Neuquén exhibe estadísticas alarmantes en materia penitenciaria. La capacidad total real de plazas actualmente es de 443 habilitadas en las distintas unidades tanto del área capital (Nº11, Nº12 y Nº16) e interior (Nº21/22 de Cutral Co, Nº31/32 de Zapala, Nº41 de Junín de los Andes, Nº42 San Martín de los Andes y Nº51 Chos Malal).
En la actualidad, el número de internos excede ampliamente la capacidad de las instalaciones. En total, hay 540 internos condenados alojados en las unidades de la capital y 90 alojados en las comisarías del área capital, siendo 63 internos procesados y 27 condenados.
En las comisarías del interior de la provincia, sucede algo similar, con un total de 52 internos alojados, de los cuales 24 están procesados y 28 están condenados. Esto hace que sea imprescindible ampliar la capacidad de alojamiento.
Entre los objetivos de la ley, se encuentran: Responder a las urgencias edilicias, organizativas, funcionales, operativas, y de seguridad; optimizar y capacitar los recursos humanos del Cuerpo Penitenciario de la Policía de Neuquén; y autorizar al ministerio de Seguridad a adquirir bienes y servicios necesarios para enfrentar la emergencia a través de contratación directa.
Se trata del punto de partida para realizar el plan de obras más importante y sin precedentes en los últimos 20 años en cuestión de dependencias penitenciarias.
Para asegurar la correcta implementación de las obras y reformas, se conformaron equipos técnicos con la participación de múltiples actores, entre ellos el Tribunal Superior de Justicia y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.