El gobierno provincial manifestó su rechazo a la desarticulación del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) debido a la función que cumple en la seguridad y salvaguarda de las vidas y bienes aguas abajo de las represas hidroeléctricas de las cuencas del Comahue.
Con motivo de la publicación del decreto nacional PEN 70/25 que reestructura el organigrama del ministerio de Economía de la Administración Nacional, desde el gobierno provincial se advirtió que el artículo 5º establece que dentro del objetivo 23, la secretaría de Obras Públicas estará a cargo de “ejercer el control tutelar” del ORSEP y del Instituto Nacional del Agua (INA). El concepto de “control tutelar” genera dudas.
El documento nacional dispone la sustitución “del Anexo II -Objetivos-, aprobado por el artículo 2° del Decreto N°50 del 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios, en el Apartado IX, ministerio de Economía, el objetivo 23 de la secretaría de Obras Públicas, por el siguiente: ejercer el control tutelar del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y el Instituto Nacional del Agua (INA)”.
En noviembre último Rubén Etcheverry, por entonces ministro de Infraestructura y actual ministro de Planificación y Optimización del Estado, envió una nota a funcionarios de Nación en la que expresaba su disconformidad “ante la inminente decisión del Poder Ejecutivo Nacional de disolver y eliminar el Organismo Regulador de Seguridad de Presas”.
La decisión de disolver el ORSEP “constituiría un grave error del Estado Nacional, puede generar perjuicios catastróficos incalculables e irreparables”, expresaba Etcheverry sobre el organismo técnico encargado en fiscalizar la seguridad estructural y operativa de las presas y estructuras complementarias y auxiliares.
También advertía que “la eliminación de esa fiscalización generará riesgos y peligros inconmensurables, con las consecuencias catastróficas que pudieren ocasionarse en los bienes y a las personas existentes aguas abajo de las represas”.
Las represas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila, Cerros Colorados, emplazadas en los ríos Limay y Neuquén “carecerían de fiscalización de seguridad, lo cual resultaría de una gravedad e irresponsabilidad extrema”, se indicaba en el documento firmado por el funcionario.