El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria formalizó hoy el pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei a raíz de la participación de éste último en el lanzamiento de la criptomoneda Libra, operatoria interpretada como una “estafa” por un amplio espectro político y social.
La acción impulsada por la bancada presidida por Germán Martínez, amparada en tres artículos de la Constitución Nacional, gira en torno a los “graves hechos que configuran causales de responsabilidad política por mal desempeño y/o eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones” por parte del jefe de Estado.
En el escrito presentado por mesa de entradas de la Cámara baja, los diputados opositores plantean que a la luz de los recientes acontecimientos que tienen como protagonistas al presidente y a otros altos funcionarios del Gobierno de La Libertad Avanza, en el marco de una trama de vínculos sospechosos con los promotores del criptoactivo, resulta fundamental poner en marcha a la Comisión de Juicio Político para que investigue a fondo los hechos denunciados.
Entre los cargos formulados en el pedido de juicio político, se encuentran: mal desempeño, violación de la Constitución Nacional y de la ley de Ética Pública, delitos penales como estafa, fraude a la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y manipulación fraudulenta del mercado de activos financieros.
Los diputados advierten además que la envergadura de los delitos presuntamente cometidos por Milei y su entorno tienen como consecuencia una “desacreditación del Estado Argentino a nivel nacional e internacional” y “un impacto económico y patrimonial negativo”.
En sus fundamentos, el proyecto sostiene que “la ciudadanía argentina merece respuestas claras y acciones concretas para evitar que funcionarios públicos utilicen su investidura para favorecer intereses privados en perjuicio del interés general.”
Además, la presentación determina que “cualquier conducta que desvíe el ejercicio de sus funciones hacia fines ajenos a la gestión pública constituye un quebrantamiento de los deberes inherentes a su cargo y, en consecuencia, un fundamento válido para su enjuiciamiento político”.