El presidente Javier Milei anunció este jueves que firmará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que mencionó en la apertura de sesiones ordinarias. Y lo remitirá al Congreso para su aprobación. En ese sentido, reclamó un “compromiso urgente” de los diputados y senadores de los distintos espacios.
Con la mirada puesta en las elecciones, en las últimas semanas el oficialismo profundizó las negociaciones con los bloques aliados para conseguir blindar los proyectos del Ejecutivo. Pero la clave la tendrían una vez más los gobernadores dialoguistas.
Si bien el organismo multilateral de crédito avisó que el visto bueno del Congreso no es vinculante, el Gobierno busca que todo el arco político acompañe la iniciativa, como sucedió con gestiones anteriores, según planteó. La diferencia radica -avisan desde el peronismo- en que se trata, principalmente, de un decreto en vez de un acuerdo.
También sospechan que el Gobierno oculta querer “compartir responsabilidades” para sortear cualquier intento de judicialización, y que como un DNU solo puede rechazarse o avalarse, el Congreso no podrá hacer ninguna modificación.
“En 2021, en el Congreso aprobamos un proyecto que obliga a que todo programa de endeudamiento con el FMI (así como cualquier ampliación de sus montos) debía ser aprobada por ley. No fue un capricho, fue fruto de un aprendizaje colectivo después de tantas veces en que quienes nos endeudaron irresponsablemente, se pusieron al país de sombrero. Se llevaron los dólares y nos dejaron la deuda”, sostuvo Itai Hagman, diputado de Unión por la Patria.
Antes de avalar o rechazar el decreto, la oposición dura quiere debatir la legalidad del decreto.
Al pedir el tratamiento del DNU, el oficialismo se juega a todo o nada. Si ambas cámaras lo rechazan, el acuerdo con el FMI no podrá volver a ser tratado por el Parlamento en este período ordinario. Por eso, en la oposición dura miran a las provincias.
El rol de los diputados y senadores que responden tanto a los gobernadores peronistas aliados al Presidente como a los mandatarios de la oposición dialoguista (radicales y de fuerzas provinciales), fueron la clave para blindar los vetos presidenciales a los aumentos para jubilados y para el presupuesto universitario; también para la aprobación de la Ley Bases.
Si bien durante los primeros diez meses de mandato el Presidente pasó la motosierra por los fondos que transfiere a las provincias, en los últimos meses empezó a abrir la canilla de recursos. Para algunas jurisdicciones, en goteo; para otras, con mayor caudal.
Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en febrero los Recursos de Origen Nacional (RON) transferidos a las provincias crecieron 20,1% en términos reales (considerando una inflación en febrero de 2,4%) respecto del mismo mes de 2024. Por su parte, la Coparticipación Federal de Impuestos mostró una mejora de 17,5% interanual.
Fuente: TN