En el recurso en queja que presentó el lunes ante la Corte Suprema de Justicia para pedir su absolución en la causa Vialidad, Cristina Kirchner adelantó que en caso de que el máximo tribunal rechace sus argumentos y confirme su sentencia, recurrirá a organismos internacionales.
Según pudo saber TN, la defensa de la expresidenta, encabezada por Carlos Beraldi, analiza realizar presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en segundo término, Amnistía Internacional.
Sobre la exvicepresidenta de Alberto Fernández pesa una pena a seis años de prisión por irregularidades en la asignación de obras viales al empresario Lázaro Báez, que para la Justicia representó una pérdida para el Estado de más de $ 85 mil millones.
Para intentar evitar que quede efectiva la prisión -que podría ser domiciliaria ya que Cristina Kirchner tiene 72 años- la exmandataria llegó en queja a la Corte. Pero si el máximo tribunal decide no hacer lugar a su recurso extraordinario o confirma su sentencia, la defensa de la titular del PJ tiene un recurso más: llegar a organismos internacionales de derechos humanos.
Allí planteará que durante el proceso judicial, es decir, la investigación, posterior elevación a juicio y el debate se produjeron “graves violaciones a las garantías convencionales” lo que podría “comprometer al Estado Argentino en el plano externo”.
Es que la defensa de Cristina Kirchner entiende que hubo connivencia entre la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) durante el gobierno de Mauricio Macri con los jueces y fiscales que la investigaron y posteriormente juzgaron. Esto también formará parte de la prueba que se presente.
Ante los organismos internacionales la defensa de Cristina Kirchner hará foco en el rol que supuestamente tuvo el Estado argentino para que la Justicia la condena en el expediente en el que se encontraron diversas irregularidades en obras públicas del sur del país.
En el caso Vialidad Cristina Kirchner fue condenada por fraude al Estado a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La fiscalía de Diego Luciani, y la del fiscal ante la Cámara Villar entienden que se debe sumar la figura de asociación ilícita y llevar esa pena a 12 años.
Si la Corte da su visto bueno para que se juzgue ese delito, esto retrasaría todo el proceso porque entonces el caso volvería a instancias de tribunal oral y mientras tanto no quedará efectiva la pena ya impuesta de 6 años. “Se debe volver a juzgar todo”, dijo una fuente judicial.