El anuncio de las medidas para usar los dólares “del colchón” incluyó varios puntos: la flexibilización de controles sobre ciertas operaciones por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la creación de un régimen simplificado de Ganancias y la elaboración de un proyecto de ley para blindar a quienes se sumen a esa normativa. Pero para que esas disposiciones generen efecto, el Gobierno necesita de las provincias.
Por eso, el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el titular del ARCA, Juan Pazo, mantuvieron este martes dos reuniones virtuales -de unos 40 minutos cada una- con 16 representantes provinciales, para comprometerlos a no sumar nuevas regulaciones que solapen a aquellas que liberó ARCA.
“Básicamente, se invita a las provincias a adherirse al régimen simplificado de Ganancias y que, a través de la firma de una adenda, las jurisdicciones se comprometen a no establecer regímenes persecutorios de los ciudadanos adherentes ni a crear nuevos regímenes de información que reemplacen los derogados o cuyos umbrales elevó ARCA”, explicaron fuentes del equipo económico.
Del otro lado de las pantallas, los gobernadores escucharon la exposición de los funcionarios nacionales a la que, admitieron, le faltaron detalles. Incluso algunos de los participantes se quejaron de que no se presentó el documento de adhesión a las provincias ni el proyecto de ley que se enviará al Congreso. Esa es la letra chica que están esperando los mandatarios para definir su posición.
“Contaron lo del plan del blanqueo, pero sin precisiones. No les mostraron el modelo de convenio. Queremos ver los detalles, aunque acompañemos”, contaba uno de los asistentes. “Fue una buena reunión, corta, explicativa. Hay una duda con respecto a si las provincias tienen que adherir o no, pero en principio es positivo porque pueden generar mayores ingresos vía IVA nacional e Ingresos Brutos provinciales”, consideró el representante de una provincia patagónica.
“Desde las provincias planteamos dudas en cuanto a cómo se va a implementar, algo muy similar al blanqueo anterior. Las dudas surgen porque hay montos en juego, ley penal tributaria, ley de procedimiento fiscal, tecnicismos que nos han aclarado y que seguramente quedarán plasmados en los documentos que firmaremos en junio”, explicó el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad.
Lo que sucede es que, si bien las provincias no tienen que adherir a los nuevos regímenes de información de ARCA, la Nación sí necesita apoyo para acompañar las posibles modificaciones que enviará al Congreso. Principalmente, en dos puntos clave de la Ley Penal Tributaria: si se quiere elevar el monto mínimo a partir del cual la evasión fiscal se considera delito penal -actualmente es de $1.500.000-, y si se pretende modificar el plazo de prescripción de ese delito, que hoy es de cinco años.
De allí que el Gobierno mira con cierto recelo la postura de algunos mandatarios que no fueron invitados a participar del encuentro: Axel Kicillof (Buenos Aires); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Ziliotto (La Pampa); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa). “Los cinco del mal”, murmuraban en la Casa Rosada, en clara referencia a sus diferencias partidarias. E insistían: “Dijeron que no iban a adherir al programa, no tiene sentido invitarlos”.