“Este entendimiento fue fruto de un trabajo bilateral riguroso, basado en el análisis detallado de los costos de producción y el escenario económico que enfrenta la actividad del langostino congelado a bordo”, explicó Agustín De La Fuente, presidente de la Cámara Argentino-Patagónica de la Industria Pesquera (CAPIP). “Ambas partes coincidimos en que resulta imprescindible preservar la sostenibilidad económica del sector, resguardar los puestos de trabajo y asegurar el ejercicio pleno y efectivo de las funciones de los capitanes de pesca”.
En ese marco, las partes acordaron establecer nuevos parámetros para la liquidación salarial, fijando valores de referencia basados en los precios promedio de exportación informados por la Aduana, incorporando escalas dinámicas y exclusivamente ascendentes. Esta fórmula busca dotar de previsibilidad y equidad al esquema remunerativo, en sintonía con la evolución del mercado internacional.
Si bien la adecuación se concretó en términos que no alcanzan plenamente las necesidades empresariales ni las aspiraciones salariales iniciales, el acuerdo representa un equilibrio alcanzado gracias a la intervención activa y responsable de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que aplicó las herramientas legales previstas para la gestión de crisis laborales complejas.
“Ahora confiamos en que la marinería adopte una postura semejante, donde prime la razonabilidad y el diálogo para encontrar una solución completa a este conflicto que afecta a más de 5000 familias”, agregó Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA). “Este acuerdo de Capitanes refleja un compromiso genuino con la racionalidad, la responsabilidad social y la defensa del trabajo argentino”.