Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí, está convencido de que no debe pagar el impuesto mínimo al tabaco. Lo cierto es que nunca lo hizo desde su implementación. Gracias a medidas cautelares logró evitar afrontar ese gravamen, pero ahora la Corte Suprema de Justicia se apresta a resolver si este empresario debe devolverle al Estado miles de millones de pesos.
TN pudo saber según cálculos oficiales de autoridades de ARCA, que Otero mantiene con el fisco una deuda de $ 419.398.257.693, número que se compone de sumar el monto de capital adeudado por el período agosto de 2018-junio de 2024, unos $ 305.239.257.693, a los que se debe sumar intereses resarcitorios al 12 de diciembre de 2023, que equivalen a unos $ 114.159.000.000.
El máximo tribunal quedó en condiciones de resolver el reclamo de Tabacalera Sarandí tras el sorteo de conjueces. La empresa sostiene que el impuesto es inconstitucional y que por ese motivo no debe abonarse. ARCA cree todo lo contrario. Aunque el cálculo en dólares puede variar según la cotización de cada año y qué tipo de moneda se tome, la cifra podría superar los u$s 450 millones.
Es que más allá de que se haya derogado el artículo que contempla dicho gravamen en la sanción de ley de bases, ARCA insiste en que el impuesto estaba vigente durante el período en el que no se abonó. Para el fiscal, el no abonar este impuesto le permitió incrementar su participación en el mercado: pasó de manejar el 5% al 30% del total.
TN consultó a Tabacalera Sarandí para obtener su versión de esta acusación y desde la compañía respondieron lo siguiente: “Para la firma no hay deuda hasta que no haya una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia que diga lo contrario. Desde la aprobación de la Ley Bases todo el mundo paga los mismos impuestos. La empresa pagó los impuestos que correspondían”.
Por otra parte, ARCA trabaja en una nueva denuncia que presentará contra Pablo Otero luego de que el fiscal Eduardo Taiano desestimara una acusación formulada por el organismo estatal contra la tabacalera por supuestas maniobras con proveedores mayoristas que podrían tratarse de lavado de dinero. En la exAFIP catalogaron de “escandalosa” esta decisión del fiscal.
ARCA detectó que Tabacalera Sarandí recibió entre 2021 y 2023 unos $ 33.632.240.575 de 23 distribuidoras mayoristas a las que les vendía cigarrillos. Sin embargo, para el fisco estas empresas no tenían solvencia económica y presentaban diversas irregularidades, por lo que llevó el caso a la Justicia para que se investigue de dónde obtuvieron el dinero estas firmas para abonar los cigarrillos.
La denuncia, luego desestimada, marcaba que Tabacalera Sarandí vendió a mayoristas que presentan un perfil fiscal irregular, sin capacidad económica, financiera y operativa, además de no proporcionar información ni documentación suficiente que justifique el origen de los fondos con los que le pagaban a Tabacalera Sarandí.