Las transferencias no automáticas o, conocidas popularmente como “transferencias discrecionales” no tiene criterio de reparto. A diferencia de la Coparticipación Federal de Impuestos que tiene índices de distribución para las provincias de acuerdo a varios ítems, entre ellos, la población, los fondos discrecionales son manejados tal como lo dice el nombre: “a discreción”.
En algún momento, se pensó que las transferencias discrecionales servirían para “llevar justicia” a las asimetrías que genera la Coparticipación, sin embargo, no deja de una caja política que no contempla criterio alguno.
Chubut es la quinta provincia del país con mayor volumen de dólares exportados, detrás de provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén. Deja a las arcas nacionales importantes dividendos por su motor productivo protagonizado por el petróleo, el aluminio, el langostino, la ganadería y, en menor medida, la cereza.
Sin embargo, no hay contemplación sobre estos datos a la hora de repartir las transferencias no automáticas. No se trata solo del Gobierno de Javier Milei, también ocurrió lo mismo en las presidencias de Alberto Fernández y Mauricio Macri.
En junio por ejemplo, Chubut recibió 404 millones de pesos, marcando una caída interanual del -92,4 por ciento con respecto al sexto mes de 2024.
Pero la cifra tiene mayor impacto cuando la medición se realiza en la distribución per cápita: Los $ 404 millones representaron $ 681 por habitante. Para tener noción, significa la mitad del valor de un alfajor triple de las marcas más conocidas.
LA COMPARACIÓN CON LAS PROVINCIAS PATAGÓNICAS
Para tarazar un paralelismo del monto insignificante, basta compararlo con la performance del resto de las provincias patagónicas.
Por ejemplo, Santa Cruz, que tiene un índice de reparto de fondos coparticipables prácticamente similar al de Chubut, embolsó en junio por fondos discrecionales un total de $ 5.940 millones, es decir, 14,5 veces más que la jurisdicción que conduce Ignacio Torres.
Neuquén, que por coparticipación recibió $ 90.200 millones en junio frente a los $ 82.100 millones de Chubut (una diferencia de tan solo $ 8.000 millones), se quedó con $ 6.884 millones por transferencias discrecionales, lo que representa 17 veces más que Chubut.
Tierra del Fuego, que la provincia de Argentina que menos coparticipación recibe por ser la jurisdicción con menos habitantes de la Argentina, abrochó partidas discrecionales por $ 1.418 millones en junio, 3,5 veces más que Chubut.
Río Negro recibió casi lo mismo que Chubut por transferencias no automáticas: $ 421 millones. En tanto que La Pampa, fue el único distrito que embolsó menos fondos que Chubut: $ 290 millones.
La Pampa es una provincia gobernada por el peronismo y mantiene fuertes disputas con el gobierno nacional. ¿Casualidad? Complejo de saber, pero es uno de los gobernadores con peor relación con la gestión de Javier Milei, al igual que Buenos Aires con Axel Kicillof.
LA NECESIDAD DE DISCUTIR EL REPARTO
A diferencia de la coparticipación – que tiene criterios de reparto y para modificar los índices habrá provincias que ganen y otras que pierdan – las transferencias discrecionales no tienen ninguna atadura ni control a la hora de distribuir las partidas.
No hay ley que regule cuánto recibe cada provincia, solamente existen argumentos de cómo se conforman y de dónde salen los fondos de las transferencias no automáticas.
En este contexto, es necesario debatir alguna regulación que explique los motivos de por qué una provincia recibe más o menos fondos.
¿Premio y castigo? Podría ser un parámetro. Las provincias que consolidan, por ejemplo, resultados superavitarios en sus administraciones sería un buen punto de partido, en un modelo que justamente impulsa y pregona el recorte de gastos superfluos.
El incremento en las exportaciones sería otro parámetro para distribuir los fondos discrecionales, fundamentalmente, porque a mayor volumen de productos colocados en mercados internacionales, mayor ingreso de divisas para el Estado Nacional.
El no aumento del empleo público en las provincias, también podría ser un requisito para “premiar o castigar” con el reparto de fondos discrecionales.
Sea cual sea el criterio, debe existir “algo” para que las transferencias no automáticas dejen ser un “botín político” que se distribuye por la lógica “amigo o enemigo”.