La defensa de Facundo Jones Huala, referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), no consiguió revertir las resoluciones judiciales que lo mantienen en prisión. El Tribunal de Impugnaciones de General Roca ratificó lo dispuesto por el juez federal subrogante Gustavo Zapata, rechazando la excarcelación y extendiendo la preventiva hasta diciembre.
El magistrado hizo lugar al pedido de la fiscal Ángela Pagano Matta, quien planteó que liberar al lonko pondría en riesgo la investigación y recordó sus antecedentes de fuga y la falta de un domicilio estable. De esta manera, quedó sin efecto lo resuelto anteriormente por el juez Ezequiel Andreani, que había fijado la libertad de Jones Huala para el 8 de este mes.
Los abogados defensores, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, cuestionaron con dureza tanto la postura de la fiscalía como la validación posterior de Zapata y el Tribunal de Impugnación. “Los argumentos de la fiscal fueron imprecisos y sin sustento, pero igualmente aceptados por los jueces”, señalaron.
Pagano Matta justificó la prórroga de la detención en la complejidad de la investigación, que abarca hechos atribuidos a la RAM en Neuquén, Río Negro y Chubut. Para la defensa, sin embargo, esa explicación no es más que un intento de cubrir la falta de pruebas. “La causa sigue en pañales”, remarcaron.
El lonko se encuentra detenido desde junio, cuando fue sorprendido por la Policía Federal en un operativo sin orden judicial previa, según denunciaron sus abogados. La posterior difusión del procedimiento en redes sociales, incluida una publicación de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, llevó a que Andreani improvisara una orden para convalidar la detención.
Actualmente permanece alojado en una cárcel de Comodoro Rivadavia y enfrenta cargos por asociación ilícita calificada, en el marco de una investigación que tomó como base declaraciones suyas en la presentación del libro Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria. Allí defendió los sabotajes y ataques incendiarios como formas de lucha contra “el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”.
La defensa insiste en que se trata de un proceso armado para justificar la construcción de una “mega causa RAM” y cuestiona incluso la existencia real de la organización como estructura violenta. “Más allá de volantes o pintadas, nunca se pudo comprobar que existiera un grupo organizado ni se imputó a otras personas”, afirmaron.
Los letrados sostienen que se busca instalar un “fantasma de terrorismo internacional” que habilite políticas represivas y hasta posibles intervenciones militares. “Esto es parte de una persecución política contra Facundo y una amenaza a la soberanía de nuestros países”, advirtieron.