La tasa de informalidad en Argentina alcanzó el 43,2% durante el segundo trimestre de 2025 (abril-junio), lo que equivale a 4 de cada 10 trabajadores, según el informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), perteneciente al Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET.
Los jóvenes son los más afectados: Se estima que más del 65% trabajan de manera informal. Desde el sector empresarial atribuyen el problema al aumento del costo laboral. En ese sentido, uno de los principales reclamos fue el incremento en las tarifas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), que se vincula con la eliminación de los topes tarifarios por parte del gobierno nacional.
Mediante la Resolución Nº 18 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el mes de enero se derogaron los pisos y techos que regulaban las tarifas —calculadas como un porcentaje de las nóminas salariales— lo que derivó en aumentos directos en el costo de las ART.
A ello se suman los denominados “costos ocultos” de las paritarias, que al margen de la definición de salarios, implican aportes obligatorios, solidarios y contribuciones adicionales que los empleadores deben afrontar, más allá de los aumentos salariales. Entre los casos más significativos en el sector Comercio —el convenio más grande del país, con 1,2 millones de trabajadores— se destacan:
1. Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social OSECAC: Vigente desde el convenio colectivo de abril de 2021, en el contexto de la pandemia pero que, insólitamente, se sigue cobrando hasta hoy por cada empleado, incluso si el trabajador no está afiliado a esa obra social.
2. Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP): El empleador debe aportar el equivalente al 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado. Un fondo millonario que INACAP declaró ante la Justicia les permite recaudar más de $30 mil millones al año y que beneficia a ciertas cámaras empresarias, bajo el argumento de financiar actividades de capacitación o fortalecimiento institucional.
3. Seguro complementario de retiro obligatorio La Estrella: Representa el 1,6% del salario sin posibilidad de elección de otro seguro por parte del trabajador ni del empleador (hasta la anterior paritaria era del 2,5%). El 50% del aporte se destina a una cuenta individual a nombre del trabajador y el otro 50% restante se utiliza para financiar el sistema solidario de retiro.
Desde el año 1993 se debe pagar por cada empleado de comercio, pero para que un trabajador logre acceder al beneficio debe tener aportados al menos 20 años a dicho seguro. “Muchos trabajadores se pasan a otro rubro y nunca llegan a obtener el beneficio, mientras que los que piden el rescate de fondos -porque fueron despedidos- sólo reciben el 50% de lo depositado, porque la otra mitad queda solidariamente para el sistema”, sostienen los comerciantes.
El ajuste de capitalización de esos fondos también generó polémica, porque depende de la inversión que haga La Estrella.
Estas erogaciones, que se suman a cargas sociales y otros compromisos patronales, incrementan considerablemente el costo laboral argentino, reducen márgenes de inversión y desalientan la contratación de nuevos trabajadores.
Es por eso que CADAM advierte que esta situación limita la capacidad del sector privado de generar empleo formal, motor indispensable para el crecimiento económico del país.