El exministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido se entregó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir la pena de cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4.
El tribunal también rechazó el pedido de prisión domiciliaria que había presentado su defensa, por lo que el exfuncionario deberá concurrir personalmente para hacer efectiva su detención.
El exministro llegó pasadas las 8, ingresó por uno de los accesos principales y fue directo al estacionamiento ubicado debajo de los tribunales. Sus abogados hicieron una presentación para pedirle al Tribunal Oral N°7 de eximirlo de estar en la audiencia hoy por la causa Cuadernos.
Ante este escenario, el abogado Maximiliano Rusconi, representante de De Vido, adelantó que hará una presentación “ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Ginebra”.
Rusconi difundió un comunicado de “defensa técnica” de De Vido, titulado: “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”. El letrado planteó que la Corte había rechazado “un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente“.
El abogado mencionó además que el recurso fue por considerar “injustificada y arbitraria” la sentencia a De Vido y que el máximo tribunal, con su decisión, “posibilitó que se ordenara la ejecución de la condena impuesta”.
La Corte Suprema, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisibles” los recursos presentados tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la defensa del exministro, y dejó firme la condena por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
De Vido fue condenado en 2018 por el TOF N°4, que determinó que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), encargada de operar la línea Sarmiento. Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado directamente a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, los magistrados lo consideraron responsable del manejo irregular de los recursos.