La fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Julieta Gamarra, brindó detalles sobre el avance de la causa conocida como “Pollos de Papel”. Desde la semana pasada se formalizó la apertura de la investigación, donde se analiza un presunto esquema de fraude en la compra de mercadería para asistencia social.
Según expuso la fiscal en LU 20, la mecánica detectada consistía en que proveedores entregaban grandes volúmenes de alimentos por orden de determinados funcionarios, sin la existencia de un acto administrativo correspondiente ni control formal. “Funcionaba como una cuenta corriente, como si fuera un negocio de barrio”, describió Gamarra. El sistema generaba una importante deuda que luego se trataba de justificar con expedientes y licitaciones fraguadas.
El punto central de la acusación es que los alimentos no habrían llegado a las personas vulnerables a las que estaban destinados. “El expediente aparentaba ser legal, pero la mercadería no se sabe dónde terminaba”, explicó. Incluso, durante las comunicaciones entre proveedores y funcionarios se hablaba abiertamente de “armar el pago” y acomodar el volumen de mercadería para justificar el expediente.
La fiscal detalló que los proveedores tenían un rol activo en la maniobra: armaban facturas con cantidades abultadas de productos e intervenían directamente en el armado de licitaciones públicas falsas. “No desconocían lo que pasaba, eran parte esencial. Esa factura daba pie al circuito de pago”, dijo Gamarra. Las pericias sobre los teléfonos revelaron comunicaciones directas donde incluso se discutían precios, algo incompatible con la normativa de compras públicas.
Los funcionarios señalados en la investigación son Ángel Castillo, Marcelo Olivera y Eliana Gómez, estos dos últimos con cargos jerárquicos en el área de Hacienda. Gamarra remarcó que nunca existió un registro de personas beneficiarias ni criterios de entrega basados en indicadores sociales o sanitarios.
Sobre el destino de la carne, la fiscal indicó que parte de la mercadería entregada no coincidía con lo declarado en las facturas: se pedía desde pollos hasta cortes específicos de asado, incluso con instrucciones como “que sea del bueno”. También se detectaron mensajes vinculados a entregas en clubes locales, en días de partido, lo que para la fiscal “nada tiene que ver con un programa alimentario”.
La investigación continúa con la recolección de pruebas documentales, pericias sobre comunicaciones y análisis de las contrataciones realizadas durante el período cuestionado.