El salto exponencial en Chubut es digno de análisis: En 2024 (el año pasado), había 13 juicios por accidentes o enfermedades laborales cada 1.000 empleados que contaban con seguro. Un año después, la cifra se elevó exponencialmente a 20 demandas cada 1.000 trabajadores, convirtiéndola en la de mayor incremento en la Argentina.
En la previa del debate de la reforma laboral, que el Gobierno enviaría al Congreso en las próximas semanas, un informe privado reveló que el volumen de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales retomó niveles inéditos, siendo uno de los factores que más afectan la generación de empleo formal en la Argentina.
El fenómeno de la litigiosidad laboral volvió a adquirir centralidad al acercar el recuento anual de juicios a los valores máximos que motivaron la sanción de la Ley 27.348 en 2017, proceso que buscó frenar el avance de expedientes en los fueros de trabajo de casi todo el país.
La estructura vigente del sistema de riesgos del trabajo en la Argentina dejó al descubierto una nueva desconexión entre los siniestros reportados y las demandas efectivamente presentadas ante la justicia.
Un reporte de Fundación Mediterránea mostró que mientras los registros de accidentalidad mantuvieron una tendencia descendente, el número de causas judiciales por cuestiones laborales avanzó con fuerza, generando no solo incertidumbre operativa en las empresas, sino costos crecientes asociados a la cobertura de las aseguradoras y presión directa sobre las alícuotas del sistema.
“Entre 2021 y 2025, el número de demandas judiciales por accidentes y enfermedades laborales experimentó un marcado rebote, estimando al cierre de 2025 alrededor de 125.000 presentaciones, volumen semejante al máximo histórico de 2017″, remarcó el estudio.
Este incremento se da en un contexto donde la siniestralidad descendió, lo que confirma que el motor del fenómeno no está en la ocurrencia de accidentes, sino en la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia.
La presidenta de la UART, Mara Bettiol, advirtió que ningún sistema puede sostener este nivel de judicialización y, en medio del debate por las modificaciones al sistema actual, destacó que “ninguna reforma, cualquiera sea su alcance, podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial.
A la vez, la distribución territorial de las demandas mostró heterogeneidad estructural. Las tasas de juicios por cada mil asalariados varían de 0,1 en Salta hasta 24 en Santa Fe, 23 en San Luis y 20 en Chubut, con lo cual se verifican grandes diferencias en cada distrito. El sector empresarial identificó este fenómeno como una arbitrariedad territorial que afecta los principios de igualdad legal y incrementa la incertidumbre para quienes desarrollan actividad económica en las distintas jurisdicciones.
LAS PROVINCIAS CON MÁS CAUSAS
El análisis de los registros precisó que nueve provincias concentran aproximadamente el 80% del total de juicios del sistema. Al comparar 2025 con el año anterior, en las provincias más relevantes la mayoría registró incrementos en la cantidad de causas iniciadas, siendo particularmente marcado el aumento en Santa Fe, San Luis y Chubut. La tendencia afecta la previsibilidad y la gestión de los riesgos laborales en todo el territorio nacional.
Para la Fundación Mediterránea, las explicaciones al crecimiento de la litigiosidad convergen en el modo en que las justicias provinciales gestionan sus procedimientos periciales médicos.
“En varias provincias aún rige un esquema en el cual el perito judicial surge por sorteo de una lista de médicos inscriptos para realizar pericias. En algunos casos —aunque no en todos—los honorarios de los peritos judiciales no están fijados en función del trabajo realizado, sino que se calculan como porcentaje de la incapacidad determinada, lo que genera una tendencia sistemática al sobrediagnóstico”, marcaron.
Asimismo, sumaron que muchas veces son profesionales que “no cuentan con especialización en la valuación del daño laboral ni capacitación específica en la temática y no existen mecanismos sistemáticos de monitoreo de su desempeño; pero la distorsión más grave la genera el hecho de que el procedimiento vigente los obliga a efectuar una nueva evaluación del trabajador en lugar de revisar el dictamen previo de la Comisión Médica”.
El efecto económico de estos comportamientos impacta en la estructura de costos de la cobertura de riesgos laborales. La cuota que empresas pagan a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), representada como porcentaje de la masa salarial, combina dos elementos principales: el riesgo real inherente a la actividad y el costo judicial esperado por la litigiosidad. Cuando este último se desacopla de la siniestralidad registrada, la estructura de costos se ve alterada y el riesgo judicial predomina sobre el riesgo objetivo de accidentes reales.