El fiscal solicitó la ampliación del plazo de investigación y se prorrogue el arresto domiciliario que cumple González; por su parte las defensas no plantearon objeción ni a la ampliación del plazo ni a las medidas solicitadas.
La audiencia fue presidida por Miguel Caviglia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal asistió Héctor Iturrioz, fiscal general (ambos por videoconferencia); la defensa de la imputada Jonás fue ejercida por Cristina Sadino, defensora pública; en tanto que la de González por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo (los cuatro en la sala de audiencia).
El fiscal Héctor Iturrioz solicitó la extensión del plazo de investigación por tres meses más, ya que se va a ampliar el número de imputados, que va a pasar de dos a once personas, no solo de víctimas que ya llegan a 184 con denuncia formal. Asimismo, el fiscal solicitó la extensión del arresto domiciliario, con tobillera electrónica que cumple González por igual plazo.
Finalmente, el juez penal resolvió conceder la extensión del plazo de investigación solicitado por el fiscal, por tres meses; al igual que extender el arresto domiciliario de González por tres meses y establecer la libertad con presentaciones periódicas ante la autoridad Judicial a la coimputada Jonás.
EL CASO QUE INVESTIGA ITURRIOZ
El hecho investigado, según informó fiscalía, acontece en fecha aún no determinada, pero data al menos del mes de mayo del 2019, cuando un grupo de personas, comandados por un funcionario de la Delegación Zona Sur del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano con sede en Comodoro Rivadavia, identificado como Maximiliano González, e integrado por aquel entonces por tres personas ya identificadas, obrando de común acuerdo, decidieron asociarse con la única intención de cometer ilícitos.
Los delitos giraban en torno a la recaudación de dinero mediante la realización de transacciones comerciales ilegales respecto de viviendas sociales construidas o a construirse por el Instituto del que González era agente.
Entre los ilícitos ideados por el clan criminal se incluían la comercialización y venta de viviendas de propiedad del IPV ya adjudicadas o dadas en tenencia precaria a sus ocupantes, y cuya comercialización estaba prohibida por la ley FONAVI y la venta de legajos personales a los que nominaban comercialmente “Carpetas Adjudicadas”.
Además, entre los ilícitos figuran también la sustracción de elementos (sello oval) y documentación perteneciente al IPV a fin de utilizarlos posteriormente a fin de dotar de apariencia de legalidad a los instrumentos confeccionados; y la falsificación de resoluciones de adjudicación, utilizando para ello no solo los conocimientos sobre el procedimiento administrativo adquiridos por González a lo largo de su labor en el IPV sino también los medios informáticos (hardware y software) de propiedad del ente autárquico.