La senadora Terenzi en su proyecto explicó que el “ecocidio es el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.
Establece penas que tendrán agravantes si el delito es cometido por un funcionario público. En ese caso, las penas se agravarán un tercio en su mínimo y su máximo y se le impondrá, además, una pena conjunta de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Pero si como consecuencia del ecocidio se produjera la muerte de una persona, la pena será de prisión de cinco a 25 años y multa equivalente al valor en pesos de 100 salarios mínimos vitales y móviles al momento de la condena del que cometiera el daño.
OTROS PROYECTOS
El diputado Sergio Capozzi de Provincias Unidas pidió modificar el Código Penal, reprimiendo con prisión de cinco a 15 años, y con inhabilitación especial por el término de diez a 20 años, al que cause un daño ecológico grave o un proceso destructor capaz de producir destrucción, ruina o peligro común para bienes jurídicos, personas, comunidades o para el ambiente.
La exlibertaria, con su monobloque Coherencia, Marcela Pagano, planteó un régimen penal integral de protección ambiental frente a incendios forestales. La iniciativa tiene el objetivo de reforzar la tutela penal del ambiente, la vida humana y la seguridad pública frente a los incendios forestales y ambientales.
Para ello, la diputada Pagano propone “el agravamiento del régimen penal aplicable a los incendios forestales y ambientales; el establecimiento de un régimen penal reforzado acorde a la gravedad del bien jurídico tutelado y la tipificación de la responsabilidad penal de los funcionarios públicos que incumplan deberes específicos de prevención de incendios”, entre otras medidas.