Según la información preliminar, la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.
A partir del momento en el que se le dio aviso, se activó el protocolo de emergencia y en el lugar intervino Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven, quien fue encontrada sin vida este miércoles.
La investigación penal no cuenta, por el momento, con personas imputadas. Se han tomado entrevistas a quienes participaron de la actividad, y se recopila información técnica para reconstruir las circunstancias del hecho.
El objetivo es determinar si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente. El problema central que se analiza es si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles. Para determinarlo, se avanza en una investigación objetiva y técnica, basada en pericias, testimonios y protocolos de actuación.
La causa se inició con la intervención de la fiscal María Angélica Carcano, quien se encontraba de turno al momento del hecho. Posteriormente, fue derivada a la fiscal María Eugenia Vottero, quien asumió la conducción del legajo y coordinará las medidas investigativas actualmente en curso.