Pasaron nueve años de la aprobación de una ley que se propuso ponerle freno a la judicialidad vinculada a accidentes y enfermedades laborales, aunque los números son categóricos y exhibe un dato irrefutable: Los objetivos no se han cumplido y el año pasado fue el año con cifras más elevadas desde la creación del actual sistema.
En 2025 hubo 132,8 demandas por cada 10.000 asegurados y en algunas jurisdicciones el índice fue cercano a 300.
La mayor incidencia se dio en San Luis, con 300,2 casos cada 10.000 trabajadores asegurados y un incremento de 20,7% respecto del índice del año 2024.
En segundo lugar, se ubicó Santa Fe con el 15% del total de los casos y un índice de 295,9 cada 10.000 personas aseguradas, superior en un 21,2% al de 2024.
El podio lo cierra Chubut: La industria del juicio consagró 235,8 casos cada 10.000 habitantes durante 2025. El dato parece frío y poco revelador, aunque hay una estadística que enciende las alarmas: Registró una suba del 43,9% con respecto a 2024.
Si se observan los números absolutos, casi seis de cada diez de los juicios iniciados correspondieron a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires, con 52.314 y 25.325 causas, respectivamente. En el primer caso, el índice de judicialidad se ubicó por arriba del promedio del país (fue de 159,4); en el segundo caso resultó de 112,8, tras una suba de 12%, mayor a la del dato promedio.
SIN EXPLICACIONES DEL AUMENTO
Según un documento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, ninguna jurisdicción tuvo cambios importantes en la siniestralidad en 2024 que justifiquen las variaciones de los índices de judicialidad en 2025. Tampoco se condicen los niveles de litigiosidad, se señala, con lo que ocurre fronteras afuera: un ejercicio permitió estimar que si la Argentina tuviera los índices de juicios de España o de Chile, los casos ingresados el año pasado habrían sido 8234 o 5663, respectivamente, en lugar de los 134.141.
Según un trabajo de la economista Laura Caullo, del Ieral, el incremento de la judicialidad “se da en un contexto donde la siniestralidad descendió, lo que confirma que el motor del fenómeno no está en la ocurrencia de accidentes, sino la estructura de incentivos del sistema pericial y judicial de cada provincia”.
La estadística publicada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestra que, si se mira la cantidad de juicios por cada 1000 siniestros ocurridos, la tasa fue en 2024 de 177,7, tras una suba de 13,5% respecto del año previo. Fue la segunda más alta de la historia del sistema, luego de la de 2017, de 183,6.
LA CIFRA MÁS ELEVADAS DESDE QUE RIGE EL SISTEMA
En 2025, el número de juicios iniciados -134.141- superó en un 6,4% al de 2024 y resultó ser el más elevado desde la creación del actual sistema, en 1996. El índice de judicialidad fue el año pasado de 132,8 casos por cada 10.000 personas cubiertas, y marcó una suba interanual de 7,2%, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
Un rasgo distintivo es el comportamiento dispar de la litigiosidad según el lugar del mapa que se mire, más allá de que, según insisten en advertir las compañías de seguros, es generalizada la falta de conformación de los cuerpos médicos forenses en cada jurisdicción, algo establecido por la ley 27.348, aprobada en febrero de 2017.
Esa norma indica que quienes integren esos cuerpos cobrarán honorarios que “no serán variables ni estarán vinculados a la cuantía del respectivo juicio y su regulación responderá exclusivamente a la labor realizada en el pleito”.
El noveno aniversario de la ley que estableció crear los cuerpos médicos forenses (entre otras cosas, como una mejora significativa de las indemnizaciones pagadas por el sistema) coincide con el debate por la reforma laboral promovida por el Gobierno. El texto de la iniciativa -que tiene su trámite legislativo aún en curso- incluye un contenido que insiste en la necesidad de que se cumpla con aquella disposición.
“De las 18 jurisdicciones que adhirieron a la ley, ninguna ha conformado el cuerpo médico forense tal como está previsto en ella” describió Bettiol. Las que faltan adherir son La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz.