Edith Terenzi acompañó con su voto el proyecto de Régimen Penal Juvenil, exponiendo durante la sesión en el Senado los fundamentos de su decisión y resaltando la importancia de que el Estado Nacional asegure el cumplimiento de los recursos necesarios para que se logren los objetivos de la presente Ley.
“Lo que hoy estamos buscando es una herramienta para empezar a solucionar parte del problema”, afirmó la senadora del Chubut, sosteniendo que el debate central no está en la edad del menor dado que, en el resto del mundo el estándar de la edad está casi resuelto; “UNICEF destaca que la región de Europa y Asia Central tiene en general 14 años y el Comité de Derechos del Niño recomienda al menos 14”, otros ejemplos son España que fija explícitamente el sistema juvenil desde 14 a 18 años por ley orgánica y Alemania también trabaja con 14 años como umbral práctico para comparecer como acusado en el sistema juvenil”.
“La discusión honesta es qué consecuencias jurídicas y con qué ejecución. El éxito o fracaso va a depender menos del número y más de si se cumple el núcleo: lograr su educación, resocialización e integración social. Y eso lo haremos posible únicamente si el Estado asume la responsabilidad absoluta del cumplimiento de los objetivos que plantea taxativamente el texto de esta Reforma Penal Juvenil y garantiza los recursos económicos y humanos que esta Ley necesita, no sólo para los grandes centros urbanos sino para la totalidad de las provincias argentinas”.
La Senadora resaltó que el Régimen fomenta en el adolescente el sentido de responsabilidad legal por sus actos, y tiene como finalidad su integración social. Además, los progenitores o personas a cargo de los menores, serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos
“Cuando se habla de penas, acá nadie está pensando en encarcelar masivamente menores, al contrario, siempre está refiriéndose a la resocialización e introduce la palabra futuro, que el menor pueda ser integrado al trabajo, que tenga comprensión de sus actos y arrepentimiento de sus actos punibles. Todo esto para disminuir el riesgo de que vuelva a delinquir”, remarcó Terenzi.
Particularmente sobre las penas, aclaró que la prisión es el último recurso, ya que se crea un sistema gradual con medidas alternativas como la prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, de concurrir a determinados lugares, de salir del país. También la prestación de servicios a la comunidad y el monitoreo electrónico.
La Ley garantiza una supervisión periódica de un equipo interdisciplinario y la asistencia a actividades formativas, de capacitación laboral y, en la medida de lo posible, actividades deportivas, culturales, religiosas y recreativas.
El Régimen plantea que los menores que deban ser encarcelados, cumplirán ese tiempo en dependencias especialmente acondicionadas para tal fin, haciendo hincapié que se prohíbe compartir ese espacio con personas mayores de edad.
La Senadora afirmó que “debemos tener la obligación y el compromiso que esta Ley pueda llevarse adelante”, por lo que solicitó al Gobierno Nacional el compromiso de cumplir con todo lo necesario para garantizar el cumplimiento efectivo de sus objetivos.