La causa se originó a partir de un hecho registrado el 18 de enero de 2026, cuando tres personas fueron detenidas luego de una persecución tras sustraer dinero y efectos personales del interior de una camioneta, utilizando un inhibidor de cierre centralizado. La fiscal Silviana Salazar, a cargo de la causa, imputó el delito de hurto agravado por haber sido cometido con instrumento semejante a llave, previsto en el artículo 163 inciso 3° del Código Penal, que agrava la pena cuando se emplean dispositivos que permiten vulnerar sistemas de seguridad.
Tras las actuaciones judiciales correspondientes, se dispuso la expulsión administrativa de Molina Martínez del territorio nacional, medida que fue efectivizada por Migraciones. Esta decisión implica la prohibición de reingreso al país conforme la normativa vigente en materia migratoria.
En tanto, Exequiel Jesús Benjamín González Saravia, el otro imputado de nacionalidad extranjera continúa detenido en la Alcaidía mientras avanza el proceso penal.