En el marco de la política de seguridad impulsada en todo el territorio provincial, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, presentó este sábado el proyecto de ley que será elevado a la Legislatura para fortalecer las restricciones al uso de teléfonos celulares y dispositivos de comunicación en los centros de detención.
La iniciativa fue anunciada en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno y acompañaron al mandatario el vicegobernador Gustavo Menna; el ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz; y la diputada provincial y autora del proyecto, María Andrea Aguilera.
Según lo anticipado por el titular del Ejecutivo, el proyecto será enviado a la Legislatura el próximo lunes con el objetivo de avanzar en su análisis en las respectivas comisiones y su posterior tratamiento en el recinto.
ERRADICAR LAS “OFICINAS REMOTAS” DEL DELITO
Torres se refirió a las distintas metodologías empleadas por delincuentes para cometer estafas digitales, las cuales, según explicó, “impactan especialmente en los sectores más vulnerables y crecieron de manera exponencial, principalmente desde la pandemia”.
En ese sentido, señaló que “es importante dimensionar que el sistema penitenciario implica un costo fiscal que sostienen todos los contribuyentes de la provincia, y muchas veces detrás de estas estafas hay organizaciones que operan desde contextos de encierro utilizando teléfonos celulares de manera clandestina”.
“Quienes están detenidos es porque cometieron un delito y están cumpliendo una condena. Lo que no podemos permitir es que, desde un lugar de detención, se siga delinquiendo y se perjudique a otros ciudadanos”, expresó el mandatario.
Asimismo, aclaró que la iniciativa “no busca incomunicar a los presos, sino ordenar y controlar las comunicaciones”.
“Van a poder seguir contactándose con sus familiares, con sus defensores y con las autoridades correspondientes, pero mediante sistemas institucionales y controlados, no a través de celulares que hoy muchas veces terminan siendo herramientas para cometer delitos”, explicó.
Torres advirtió además que las estadísticas sobre este tipo de estafas “muestran un crecimiento sostenido”, y remarcó que “muchos casos ni siquiera se denuncian por vergüenza o desconocimiento, por lo que la dimensión real del problema es aún mayor”.
“Tenemos la posibilidad de ser una de las primeras provincias en poner un freno definitivo a las estafas digitales que se organizan desde las cárceles”, concluyó.
CARACTERÍSTICAS DE LA LEY
El proyecto establece la prohibición del “ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad en los lugares de detención de jurisdicción provincial”.
De manera simultánea, dispone la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas que garantice el derecho a la comunicación en condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos, en armonía con la Ley Nacional 24.660.
La normativa tendrá vigencia en todos los establecimientos penitenciarios, unidades, institutos, alcaidías, comisarías, centros de detención transitoria y en cualquier lugar de alojamiento de personas privadas de libertad dentro de la provincia del Chubut.
También alcanzará a aquellas personas privadas de libertad alojadas en unidades del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención haya sido dispuesta por sentencia o resolución judicial emanada de jueces o tribunales de la provincia.
En caso de detectarse la tenencia de este tipo de dispositivos, se procederá a su inmediato decomiso, labrándose el acta correspondiente con identificación del lugar, fecha, personal interviniente y circunstancias del hallazgo. Cuando existan indicios de la comisión de un delito, se dará inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
Asimismo, la iniciativa establece medidas estrictas de control y prevención para evitar el ingreso de dispositivos a los establecimientos de detención, configurando esta tarea como una obligación permanente de las autoridades responsables.
Las terminales institucionales habilitadas para las comunicaciones deberán configurarse exclusivamente para llamadas de voz, quedando expresamente prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos.
Las comunicaciones se realizarán únicamente hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro de destinatarios habilitados, y se llevará además un registro de datos básicos de cada comunicación, incluyendo fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino.
Finalmente, la ley contempla que la autoridad de aplicación pueda disponer la instalación de soluciones técnicas para impedir el cursado clandestino de comunicaciones móviles dentro de los establecimientos, incluyendo sistemas de inhibición o gestión controlada de señal.