El hecho habría consistido en el pedido de dinero bajo la amenaza de difundir denuncias anónimas.
Frente a esta situación, el intendente realizó la correspondiente presentación administrativa, por la cual se desvinculó al Policía Federal de la fuerza, y judicial, lo que dio origen a la intervención de la Fiscalía.
En el marco de la investigación judicial, el miércoles a la tarde se llevaron adelante medidas de allanamientos autorizadas por la jueza María Inés Bartels. La causa está a cargo de la fiscal Ivana Berazategui y tramita bajo la calificación de extorsión.