El hecho tuvo lugar alrededor de las 21:50 horas, cuando un joven que caminaba por inmediaciones de un playón del Área 16 fue interceptado por tres individuos que se encontraban picando hielo y consumiendo alcohol. Según la investigación, uno de ellos lo amenazó con un cuchillo y, bajo la frase “dame el celular o te vamos a matar”, le sustrajo el teléfono.
Conforme los hechos ventilados en la audiencia de control de detención, la víctima se dirigió a su domicilio y dio aviso a su madre y a la pareja de ella. De inmediato, iniciaron la búsqueda de los autores y lograron interceptar a los tres, Rojas fue reducido en el lugar, Perea y Velázquez emprendieron la fuga, a ocho cuadras fue reducido Perea, en cercanías de un comercio de la zona. Minutos más tarde, y tras el aviso de un vecino, personal policial arribó al lugar y procedió a su detención.
La audiencia se realizó en la Oficina Judicial de Rawson. Los acusados, identificados como Sergio Perea y Axel Rojas, ambos de 25 años, fueron asistidos por la defensa pública.
En representación del Ministerio Público Fiscal, la fiscal general Laura Castagno, junto a la procuradora fiscal Janet Davies y la funcionaria Patricia Cárcamo, solicitaron que se declare legal la detención, se formalice la apertura de investigación por el plazo de seis meses y se califique provisoriamente el hecho como robo agravado por el uso de arma blanca, en poblado y en banda, en calidad de coautores. El Fiscal General a cargo del caso es Leonardo Cheuqueman
Asimismo, la Fiscalía solicitó prisión preventiva por el término de dos meses, argumentando la existencia de peligros procesales, el grado de probabilidad de autoría, la gravedad del hecho y la expectativa de pena que prevé un mínimo de cinco años de cumplimiento efectivo y un máximo de 15 años. Como medida alternativa, plantearon la prohibición de acercamiento y contacto con la víctima.
Por su parte, los defensores públicos se opusieron a los planteos de la Fiscalía y propusieron como medida sustitutiva la presentación semanal de los imputados ante la Oficina Judicial.
Finalmente, tras un cuarto intermedio y algunas aclaraciones, la jueza de garantías Karina Breckle resolvió declarar legal la detención de ambos imputados, disponer la apertura de investigación por seis meses y mantener la calificación legal provisoria propuesta por la Fiscalía. En cuanto a las medidas de coerción, dictó un mes de prisión preventiva para ambos imputados y una prohibición de contacto con la víctima por el plazo de seis meses.
Al finalizar la audiencia, el defensor Pablo Sánchez, pidió la palabra y planteó la revocatoria de la resolución. Medida que fuera rechaza por la jueza.