“La Ley de Financiamiento Universitario nació suspendida en su ejecución en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuesto N° 24.629, dado que los responsables de su sanción no determinaron en el Congreso de la Nación las fuentes de su financiamiento”, enfatizó el comunicado partidario, que afirmó que la aplicación de la normativa equivale a un gasto total de 1,9 billones de pesos.
En ese sentido, el oficialismo remarcó que la administración de Javier Milei tiene el compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal y enfatizó que “no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación y más pobreza”.
A su vez, La Libertad Avanza cuestionó cómo “la política ha tratado de instalar que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas”, y remarcó que el Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento.
“Incluso, en el Presupuesto 2026 la partida destinada a las universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026”, agregó el comunicado, que cuestionó cómo durante la administración de Alberto Fernández se les transferían los fondos a las universidades hasta con cuatro meses de atraso y en el marco de una inflación del 211,4% anual. “Hoy esos pagos se realizan de forma mensual y con una inflación anual del 31,5%”, finalizaron.