Con el avance de la Ley Hojarasca y la ley de propiedad privada en el Congreso, el Gobierno se prepara para presentar un nuevo paquete de desregulación con puntos que van desde la libre navegación fluvial hasta el mercado inmobiliario, el sector de seguros y el financiero.
La iniciativa, elaborada en las oficinas del Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger, apunta a reducir costos, aumentar la competitividad y facilitar el acceso a nuevos actores a una serie de actividades económicas.
Entre los puntos principales del paquete, el Gobierno propone una reforma al decreto-ley de cabotaje (19.492) para desregular la navegación de los ríos del país y habilitar el transporte fluvial de barcos de bandera extranjera.
La normativa vigente establece que la navegación, comunicación y el comercio entre puertos del país están reservados exclusivamente para barcos de bandera nacional. Además, impone que los buques deben ser comandados por capitanes y oficiales argentinos, y contar con una tripulación compuesta mayoritariamente por ciudadanos nativos.
Para el Gobierno, esto contradice directamente el Artículo 26 de la Constitución Nacional, que dispone la libre navegación de los ríos interiores “para todas las banderas, con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”.
Sin embargo, el argumento central del proyecto es que las restricciones vigentes encarecen el costo logístico de los productores, especialmente los del norte del país y las provincias mesopotámicas, que se verían beneficiados por el ingreso de embarcaciones más eficientes que las que actualmente operan en el territorio.
Además, prevén que los trabajadores empleados por empresas extranjeras no estarán alcanzados por los convenios colectivos locales, lo cual reducirá aún más la tarifa del flete.
MERCADO INMOBILIARIO
En paralelo, el paquete legislativo también incluirá una reforma del mercado inmobiliario que propone la eliminación de la matriculación obligatoria, los honorarios mínimos y las barreras de entrada, entre otros puntos.
Así, la norma habilitaría a que cualquier persona pueda participar en la intermediación de operaciones inmobiliarias, sin necesidad de poseer una formación profesional obligatoria. En el Gobierno sostienen que la iniciativa aumentaría la competencia dentro del sector y facilitaría el ingreso de nuevos actores.
A su vez, el oficialismo también prevé avanzar con cambios en la industria del seguro y en los instrumentos financieros, donde apuntan a bajar los costos del crédito y fomentar su llegada a las industrias más pequeñas.