El caso derivó en que el defensor público solicitó la ampliación de una suspensión de juicio a prueba, beneficio que el imputado tenía por dos años y debido a un hecho similar. En tal sentido pidió extender en seis meses las condiciones de su defendido impuestas el 18 de marzo pasado al referir que estaban dados los requisitos para la aplicación del mencionado instituto previsto en el código procesal penal. Ofreció además el pago de 40 mil pesos en forma de reparación simbólica hacia la víctima.
Sin embargo, el doctor Rodríguez manifestó la oposición de la fiscalía a esta solicitud al exponer que más alla del cumplimiento de los requisitos el dictamen fiscal debe efectivizarse en un marco criterioso de política criminal que sea razonable, no antojadizo y susceptible de ser controlado jurisdiccionalmente. Afirmó que en cabeza de Gardini no solo se encuentra esta causa en curso, ya que existen varios hechos con el mismo modus operandi con la sustracción de vehículos en la vía pública, algunos de los cuales quedan en grado de tentativa, y agregó que muchos hechos delictivos mas graves comienzan con este tipo de hechos, ya que se utilizan con autos robados y chapas adulteradas. Dijo que en algunas de las causas el Ministerio Público va a acusar y pedirá la acumulación de todas para que se determine la realización de un juicio, que puede ser oral y público o un abreviado pero donde se determine una condena.
Los hechos en que se cuenta involucrado datan del 13 de junio de 2025 con un robo doblemente agravado por auto en vía pública y utilización de ganzúa, 2 de febrero de 2026 robo agravado por ser vehículo en vía pública, 17 de marzo de este año apertura de investigación por otro hecho similar, y sin apertura pero en etapa de investigación preliminar un hecho ocurrido el 28 de mayo por hurto agravado, además de una causa por encubrimiento debido a ser receptor de automotores. Sobre todos estos la intención fiscal es la acumulación y realización de un juicio, por lo que se opone a la ampliación de una suspensión de juicio a prueba pedida por la defensa, calificando esa posibilidad como una burla a la administración de justicia.
Mas allá de la disconformidad de la defensa por la oposición fiscal, la Jueza Ivana González consideró válidas las argumentaciones del Ministerio Público y rechazó la ampliación del juicio a prueba, dejando en claro que la defensa tiene cinco días hábiles para intentar buscar una impugnación a esta decisión, de lo contrario el imputado deberá someterse al proceso de las causas tal lo manifestado por los representantes fiscales.