Los alegatos de cierre de la Fiscalía en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan (SUSJ) comenzaron este lunes a las 9:15 de la mañana, cuando todavía era de noche en Río Gallegos.
Al cierre de la jornada, ya en la oscuridad de la tarde, Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán, solicitaron que los cuatro acusados sean condenados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes del submarino.
En términos generales, la acusación sostuvo que los imputados confeccionaron una orden de operaciones y permitieron que el ARA San Juan zarpara en un “estado de alistamiento precario” y en “deficientes condiciones de mantenimiento”, circunstancias que, según la Fiscalía, incrementaron de manera indebida los riesgos de la navegación y guardan relación con el resultado ocurrido el 15 de noviembre de 2017.
En ese marco, requirieron cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y para Claudio Villamide, ex capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos al momento del naufragio del 15 de noviembre de 2017.
También pidieron cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para el capitán de fragata Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de ese mismo órgano.
Mientras Zárate, Colla, Garmendia Orueta y Pruzán se repartían los distintos tramos de la acusación, los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz escucharon las exposiciones y tomaron notas durante buena parte de la audiencia, que se extendió hasta las 19.
LA VERSIÓN DE FISCALÍA
“La operación que realizó el San Juan en las condiciones de alistamiento que se encontraban constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes reprochados y explican plenamente el resultado”, sostuvo Pruzán al resumir la teoría del caso fiscal.
Y añadió: “Los vastos documentos que hemos analizado en el debate, en mayor o menor medida dan cuenta del estado deficiente del submarino San Juan”.
Bajo esa premisa, los fiscales retomaron distintos antecedentes vinculados con el estado material del submarino desde el inicio de la reparación de media vida, en 2007, hasta su desaparición en noviembre de 2017.
Repasaron observaciones técnicas, tareas pendientes, pedidos de mantenimiento preventivo, inspecciones, antecedentes de navegación y pruebas que, según la acusación, influyeron de manera relevante en el trágico desenlace de noviembre. Todas esas novedades, consignadas oportunamente por el comando del ARA San Juan a través de los años, fueron discutidas durante el debate oral por testigos y especialistas convocados al juicio iniciado en marzo.
La tarea que ahora deberá afrontar el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz será determinar cuál fue la incidencia real de esas observaciones sobre la seguridad náutica del submarino. Y es que durante el debate, distintos submarinistas y oficiales declararon que esas tareas y pruebas pendientes no impedían al ARA San Juan cumplir la orden de operaciones COFS N° 4/17, una cuestión que también deberá ser ponderada por los jueces al momento de dictar sentencia.
Mientras la Fiscalía remarcó que ese conjunto de observaciones aumentó de manera indebida el riesgo de una actividad militar que, por su propia naturaleza, ya resulta riesgosa, las defensas vienen planteando que las pruebas pendientes mencionadas en la documentación analizada durante el proceso -entre ellas las de máxima profundidad, máxima velocidad y los ensayos de presión sobre el sistema principal de refrigeración de agua de mar a 62,5 bares- no afectaban la seguridad náutica del buque ni le impedían cumplir la misión de adiestramiento y patrulla de control marítimo desarrollada entre octubre y noviembre de 2017.
Fuente: Infobae