El Gobierno evalúa incluir cambios en las leyes de Discapacidad y Financiamiento Universitario dentro del proyecto de Presupuesto 2027, que enviará al Congreso antes del 15 de septiembre. En el Ejecutivo sostienen que es una de las opciones sobre la mesa para reducir el impacto fiscal de dos normas que el oficialismo intentó modificar en diciembre de 2025, pero no logró sostener en la votación particular del Presupuesto 2026.
La decisión todavía no está cerrada. En despachos oficiales advierten que la posibilidad “persiste”, pero dependerá de que la mesa política consiga antes los consensos necesarios con gobernadores y bloques aliados. “En diciembre de 2025 se intentó y no se pudo”, expresan en Nación.
El diagnóstico interno es que aquella derrota combinó impericia, exceso de confianza tras la victoria electoral y falta de trabajo previo con los mandatarios provinciales. La Casa Rosada había incluido en el Presupuesto 2026 un capítulo para derogar las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas vetadas por Javier Milei y luego ratificadas por el Congreso. Diputados aprobó el Presupuesto en general, pero rechazó ese tramo en particular.
En Balcarce 50 ahora buscan evitar que se repita ese escenario. La idea es llegar a septiembre con acuerdos políticos más firmes, especialmente con gobernadores que puedan acompañar la reforma electoral, el Presupuesto y otras iniciativas económicas. En Nación creen que, si esos mandatarios quedan alineados con Milei de cara a 2027, tendrán menos incentivos para votar en contra de una ley clave para el oficialismo.
El proyecto presupuestario aparece como la herramienta más viable para ordenar la discusión fiscal. En el entorno del jefe de Estado sostienen que el debate sobre universidades y discapacidad debe quedar dentro del cálculo general de recursos y gastos, y no avanzar por leyes específicas que generen aumentos de gasto por fuera de la programación financiera del Estado.
La situación universitaria es el frente más judicializado. La Corte Suprema dejó firme una cautelar que obliga al Gobierno a cumplir dos artículos de la Ley de Financiamiento Universitario, vinculados con la actualización salarial de docentes y no docentes y la recomposición de becas estudiantiles. El fallo no resolvió el fondo de la controversia, pero mantuvo vigente la orden mientras sigue el expediente.
En el Ejecutivo remarcan que la decisión de la Corte no implica todavía una sentencia definitiva sobre toda la ley. “No es el costo total de la ley, es un costo parcial”, explican en Nación. La discusión alcanza por ahora a los artículos sobre salarios y becas, aunque el expediente sigue abierto y puede condicionar la estrategia presupuestaria de 2027.
La Casa Rosada ya había intentado descomprimir el conflicto con un acuerdo parcial con las universidades: una recomposición salarial del 24,33%, una suba del 20% para gastos de funcionamiento, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una mejora en becas Manuel Belgrano. Sin embargo, las universidades no retiraron el reclamo judicial y advirtieron que ese entendimiento no implicaba cumplir la ley vigente.
En Discapacidad, la mesa política también busca rediscutir el esquema dentro del Presupuesto. El oficialismo ya había enviado un proyecto para modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad, con foco en auditorías, reempadronamiento, incompatibilidades para pensiones no contributivas por invalidez laboral y revisión del financiamiento. La intención oficial es acotar el costo fiscal y reforzar controles sobre beneficios.
La estrategia forma parte de una negociación más amplia. En Balcarce 50 quieren remitir el Presupuesto 2027 con un acuerdo macro con varios gobernadores aliados para sostener reformas hasta, por lo menos, marzo. En Nación creen que ese entendimiento debe incluir votos para la reforma electoral, acompañamiento presupuestario y respaldo a proyectos sensibles que puedan generar resistencia sectorial.