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Titulares

Miquelarena respaldó a la fiscal Botini y cuestionó las críticas por los allanamientos

El procurador general de Chubut defendió la independencia del Ministerio Público Fiscal, rechazó las "operaciones de hostigamiento" contra la fiscal María Botini y sostuvo que los pedidos de allanamiento requieren fundamentos sólidos por tratarse de una medida que afecta un derecho constitucional.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, expresó un fuerte respaldo institucional a la fiscal María Botini y a su equipo de trabajo, al tiempo que cuestionó las críticas surgidas en torno a la investigación que llevan adelante y a los pedidos de allanamiento formulados en ese marco.

En diálogo con LU20, Miquelarena recordó el pronunciamiento emitido por el Consejo de Fiscales, en el que se repudian “enérgicamente las arteras y cobardes operaciones de hostigamiento y desprestigio” dirigidas contra la fiscal Botini y su equipo.

El comunicado sostiene que esas maniobras buscan condicionar la independencia del Ministerio Público Fiscal y atentan contra el Estado de Derecho. En ese sentido, el Consejo manifestó su “total respaldo y acompañamiento” a la funcionaria judicial y a los integrantes de su equipo, al considerar que están cumpliendo con su obligación de investigar los hechos y hacer cumplir la ley.

Consultado sobre las declaraciones del ministro de Seguridad y las críticas relacionadas con los allanamientos solicitados por la Fiscalía, Miquelarena reconoció su malestar.

“Si digo que lo recibo bien, estoy mintiendo”, afirmó, y agregó que no es la primera vez que surgen cuestionamientos de este tipo por parte de la Policía cuando se investigan hechos complejos.

“Es bastante común que la Policía se queje de estas cuestiones y, cuando hay hechos difíciles de esclarecer, busque excusas. Si la Policía hace bien su trabajo, nosotros también trabajamos bien”, sostuvo.

Además, explicó que un allanamiento constituye una medida de especial gravedad porque implica afectar la inviolabilidad del domicilio, un derecho protegido por la Constitución. Por ese motivo, remarcó que toda solicitud debe estar debidamente fundada para que un juez pueda autorizarla.

“Tengo que actuar de buena fe. Necesito una orden judicial fundada porque el domicilio es inviolable”, concluyó el procurador general.

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