El Gobierno analiza distintas alternativas judiciales después de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmara la sentencia contra la Argentina en el caso por la expropiación de Aerolíneas y Austral.
En Nación evalúan pedir una revisión ante la propia Cámara, recurrir a la Corte Suprema estadounidense y solicitar la suspensión de la ejecución mientras se tramitan esos planteos.
La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, la firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo iniciado por sociedades españolas del Grupo Marsans. El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a u$s 390.907.115 al 10 de diciembre de 2024, más intereses posteriores a la sentencia.
La Procuración del Tesoro quedó a cargo de analizar los próximos pasos. En la estrategia legal argentina evalúan pedir una nueva revisión ante los mismos jueces que fallaron contra el país, solicitar que el caso sea revisado por una integración más amplia de la Cámara de Apelaciones o avanzar directamente con un planteo ante la Corte Suprema de Estados Unidos. “Estamos analizando eso”, expresan en Nación sobre las alternativas que siguen abiertas.
La primera opción apunta a que el mismo tribunal revise su decisión. La segunda busca que el fallo sea evaluado por más jueces de la Cámara de Apelaciones. Son recursos excepcionales, pero forman parte de las herramientas que la Argentina tiene sobre la mesa antes de definir si lleva el caso al máximo tribunal estadounidense.
El Ejecutivo también analiza solicitar una suspensión de los efectos del fallo y de las medidas de ejecución mientras se resuelven esos planteos. En términos prácticos, se trata de intentar frenar el avance del cobro y evitar que Titan pueda avanzar rápidamente con medidas sobre activos argentinos en Estados Unidos. “Todo. No descartamos nada”, resumen en despachos oficiales.
El caso tiene origen en el arbitraje que en 2009 iniciaron Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A. contra la República Argentina ante el CIADI. Las sociedades, pertenecientes al Grupo Marsans, reclamaron por la expropiación de sus participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral, realizada por el Estado mediante la Ley 26.466 de 2008.
En 2017, un tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina a pagar aproximadamente u$s 321 millones, más intereses y costas. El país pidió la anulación del laudo, pero en 2019 un comité ad hoc del CIADI rechazó esa solicitud y dejó firme la condena.
Como los laudos del CIADI no se ejecutan automáticamente, Titan inició en 2021 una petición de reconocimiento y ejecución ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En 2024, ese tribunal rechazó el argumento argentino de aplicar un plazo de prescripción de tres años y resolvió que correspondía un plazo de doce años.