El día lunes pasado la defensa de Mario Ausburger, José Carlos Errozarena y Walter Salesky propuso la posibilidad de una suspensión de juicio a prueba ofreciendo la reparación basada en cuatro millones de pesos para cada uno de los imputados, lo que fue rechazado por el Ministerio Público Fiscal y la querella del municipio, al entender la inconsistencia de lo ofrecido ante el daño ejercido que económicamente fue calculado en unos cuatrocientos dieciocho millones. Esto fue tenido en cuenta por la Jueza María Tolomei quien sostuvo que mas allá de la calificación de hurto al delito endilgado y la pena en expectativa que no excedería los dos años en suspenso, no era razonable un acuerdo de estas características.
Ante esto, la defensa entendió que la suspensión de juicio a prueba estaba dentro de los requisitos y parámetros exigidos y comunicó que impugnaría la decisión, para lo cuál haría uso de los plazos legales, pero quedó latente la posibilidad de revisar la situación si existía un acuerdo, ya que la parte acusadora dio a entender que se podría aceptar el ofrecimiento de algún vehículo utilizable en servicios municipales.
Lo cierto es que hoy se convocó a esta nueva audiencia, donde el fiscal general Gustavo Núñez, acompañado por la funcionaria de fiscalía Ruth Ortega y el querellante de la Municipalidad, dieron a conocer que los involucrados ofrecieron otorgar un vehículo tipo camión modelo 2023 y con 60 mil kilómetros, por lo que se podía llevar adelante una conciliación prevista en el artículo 47 del código procesal penal. Esto contó con el acuerdo de todas las partes, por lo que la Jueza María Tolomei indicó que homologará lo acordado una vez que se realicen los trámites de rigor para proceder al sobreseimiento de Ausburger, Errozarena y Salesky.
Se define de esta manera, la situación de todos los imputados en el caso, ya que en su momento se alcanzó un acuerdo similar con la entrega de una máquina cargadora y se resolvió el procesamiento de Pascual Uña, Natalia Belén Uña y Analía Uña.
El hecho referido tuvo lugar de manera continuada y alcanzaría el período comprendido entre 2020 al mes de abril de 2024 sucedido en el terreno municipal ubicado en el ingreso norte de la ciudad, más precisamente detrás de la estación de servicio “Mica”. Es en dichas circunstancias que José Pascual Uña, Analía Del Valle Uña, Natalia Belén Uña, Carlos José Errozarena, Walter Osvaldo Salesky y Mario Ausburger sabiendo lo que hacían, con acabadas intenciones de apoderarse de bienes ajenos y contando con una determinada logística, sustrajeron material árido mediante palas cargadoras y camiones del mencionado terreno para posteriormente venderlos en el negocio de relleno a un valor por debajo del fijado en mercado