El barco pesquero J. Barreiro (Mat. 03325) lleva 22 días sin poder operar como consecuencia de la interdicción de salida dispuesta por la jueza Amorina Úrsula Testino. La medida no solo mantiene detenido al buque: el perjuicio económico alcanza directamente a los trabajadores de CONARPESA.
La empresa ya realizó los pagos correspondientes para avanzar con el levantamiento de la medida. Sin embargo, la jueza Testino se excusó y no firmó el levantamiento, por lo que el buque continúa paralizado y los trabajadores siguen soportando las consecuencias económicas de la inactividad.
Cada tres días de inactividad significan aproximadamente 20 toneladas de langostino que dejan de producirse, pero la pérdida también se siente en los bolsillos de los trabajadores. Cada tripulante deja de percibir un salario bruto promedio de $1.563.659, mientras que cada trabajador de planta deja de percibir $97.328 por cada jornada afectada.
Desde el 4 de agosto, la paralización impide cumplir las mareas programadas y reduce la actividad de toda la cadena productiva. Cada día que el J. Barreiro permanece amarrado representa una jornada de trabajo perdida y nuevos ingresos que dejan de llegar a las familias vinculadas a la actividad pesquera.
La medida cautelar, por lo tanto, no tiene un costo solamente para la empresa: el impacto se traslada directamente a los trabajadores que dependen de la actividad del buque para generar sus ingresos, mientras la situación permanece sin resolverse pese a que la empresa ya cumplió con los pagos correspondientes.