A partir del 5 de septiembre entrará en vigencia en Chubut la nueva Ley Penal Juvenil, que establece que los adolescentes de entre 14 y 18 años podrán ser responsabilizados penalmente por todos los delitos, incluyendo daños, robos, amenazas, lesiones y homicidios.
La fiscal Andrea Vázquez explicó que la principal modificación consiste en la reducción de la edad de inimputabilidad, que pasará de los 16 a los 14 años. En ese sentido, señaló que la Fiscalía comenzó a trabajar desde marzo en distintos establecimientos educativos para informar a los adolescentes sobre los alcances del nuevo régimen.
“Desde marzo estamos recorriendo colegios para informar a los adolescentes sobre este cambio”, indicó Vázquez, quien remarcó que el objetivo de la normativa no se limita a establecer responsabilidades, sino también a generar mecanismos que permitan la resocialización de los jóvenes.
La nueva legislación contempla distintas alternativas frente a los delitos cometidos por menores, como reparaciones, suspensiones de juicio a prueba y medidas socioeducativas. “El objetivo es que el menor recapacite y se resocialice”, explicó la fiscal.
Falta de estructura especializada
Vázquez reconoció que la implementación de la nueva ley representa un desafío para la provincia, debido a que actualmente Chubut no cuenta con una justicia penal juvenil especializada ni con infraestructura suficiente para alojar a menores separados de los adultos.
La normativa establece que los adolescentes no podrán permanecer alojados junto a personas mayores de edad en dependencias policiales. Sin embargo, la fiscal advirtió que la provincia todavía no está preparada para afrontar plenamente esta exigencia.
“No estamos preparados en infraestructura ni en justicia especializada; fiscales y jueces seguirán atendiendo tanto mayores como menores”, sostuvo.
La fiscal consideró que la reforma era necesaria para adecuar el sistema penal a la realidad actual de los adolescentes. Según explicó, permitirá dar una respuesta institucional a hechos graves que hasta ahora, debido a la edad de los involucrados, quedaban sin una imputación penal.
De esta manera, desde septiembre comenzará a aplicarse un nuevo esquema que buscará combinar responsabilidad penal, medidas socioeducativas y resocialización, aunque su puesta en funcionamiento estará condicionada por las capacidades que actualmente tiene la provincia para atender a los adolescentes involucrados en causas penales.