La Libertad Avanza promoverá este miércoles en el Senado un dictamen sobre el proyecto del Súper RIGI con dos cambios sustanciales, acordados con los bloques aliados, para destrabar la sanción de la iniciativa.
La intención del oficialismo es discutir este proyecto en una sesión a celebrarse el 10 de septiembre, donde también se incluirán otras iniciativas impulsadas por bloques aliados.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, aceptó modificaciones reclamadas por la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, principalmente en dos puntos sensibles: la protección de las empresas nacionales y el abastecimiento energético de los grandes centros de datos vinculados con la inteligencia artificial, informaron fuentes parlamentarias.
Con esta decisión, el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados deberá regresar a ese cuerpo parlamentario, pese a que el Gobierno buscaba evitar este escenario e insistió hasta último momento en que la iniciativa fuera aprobada sin modificaciones.
Las reformas se debatirán desde las 13 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía e Inversiones y Legislación General, que presiden Agustín Monteverde (LLA), Martín Goerling Lara (PRO) y Nadia Márquez (LLA), respectivamente.
El oficialismo decidió avanzar con los cambios pese a que desde el Gobierno hicieron saber su rechazo a algunas de las reformas negociadas.
En particular, cuestionaron la exigencia de que las nuevas industrias electrointensivas —entre ellas, los megacentros de datos— cuenten con sistemas propios de generación eléctrica para evitar que el incremento de la demanda recaiga sobre las redes provinciales y termine afectando el abastecimiento de la población, informaron fuentes parlamentarias.
El planteo adquiere mayor peso porque el Súper RIGI constituye una de las apuestas centrales del Gobierno para atraer inversiones de grandes compañías tecnológicas, nuevas industrias vinculadas con la inteligencia artificial y proyectos relacionados con minerales críticos.
El régimen ofrece un paquete de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios de fuerte magnitud. El desafío político para el oficialismo es conseguir que esos incentivos sean aprobados sin que los bloques aliados consideren que se está dejando en segundo plano a la industria nacional o trasladando a las provincias los costos de las nuevas inversiones.