Para determinar el monto de la pena, los jueces valoraron un sólido conjunto de agravantes presentados durante el debate oral por el fiscal Fidel González:
- Naturaleza del bien sustraído: La morfina es un medicamento opiáceo de disponibilidad restringida y destinado a la atención de urgencias hospitalarias. Su sustracción redujo la reserva sanitaria del servicio público de emergencias, otorgándole al hecho una gravedad que trasciende ampliamente el valor económico.
- Abuso de la función pública y posición de confianza: Con más de treinta años de trayectoria en el área de salud y en el servicio de guardia —el cual definió como “su casa”—, Villarroel conocía al detalle las rutinas, los lugares de guardado y los momentos propicios para actuar en soledad. En su rol de funcionario público, no solo incumplió obligaciones éticas y legales específicas (reguladas por la Ley I Nº 231), sino que defraudó la responsabilidad exigible a un profesional que conoce el valor del fármaco para aliviar dolores agudos.
- Persistencia en la conducta: El delito se reiteró en dos oportunidades en un breve lapso de tiempo. El acusado llegó a hurgar en las pertenencias de una compañera para obtener las llaves del estante donde se guardaba la morfina, vulnerando su privacidad y superando cualquier intento de resguardo institucional.
Como única circunstancia atenuante, el tribunal contempló la falta de antecedentes penales del condenado.
Al fundamentar la resolución, el tribunal mixto compuesto por los vocales populares, Emiliano García y Celestina Farías, y los jueces técnicos Martín O’Connor, José Luis Ennis y Jorge Novarino, remarcó que los funcionarios públicos que delinquen en el ejercicio de sus funciones merecen un plus sancionatorio. Bajo esa premisa, la inhabilitación especial busca satisfacer el extremo de prevención y garantizar que no se vulneren nuevamente los insumos críticos del sistema de salud pública.