El Gobierno prepara una nueva etapa en su estrategia para reducir el gasto en subsidios energéticos y vuelve a apuntar a un universo específico de usuarios: las personas que viven en countries y otros barrios cerrados.
Después de avanzar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), incluido Puerto Madero, y en Córdoba, la administración de Javier Milei extenderá el mecanismo a otras provincias.
Este viernes se oficializó la medida en Neuquén y el Gobierno estima que se excluirá del padrón y se les quitará el subsidio a unos 500 usuarios que viven en barrios cerrados y venían recibiendo la ayuda estatal. Hacia adelante, el Ejecutivo pretende avanzar en territorios como Mendoza y Santa Fe.
La intención oficial es llevar progresivamente el proceso a los barrios cerrados de las principales ciudades del país y detectar a los hogares que, por sus características socioeconómicas, son considerados “zonas de manifiesta capacidad de pago”, por lo que no deberían continuar dentro del esquema de subsidios.
Hasta el momento, la Secretaría de Energía rechazó 17.843 solicitudes de inscripción para solicitar subsidios presentadas por usuarios que viven en barrios cerrados del AMBA, Puerto Madero y Córdoba. Además, encontró que 1508 números de documento intentaron inscribirse entre dos y cinco veces desde julio de 2025 a la fecha.
Para detectarlos, utilizó herramientas de geolocalización y cruce de información con los entes reguladores y las prestadoras de servicios que permitieron determinar que esos usuarios contaban con la capacidad de pago de los servicios de electricidad y gas.
LE BAJARÁ EL PULGAR A UN MILLÓN DE SOLICITUDES
El avance sobre los countries será acompañado por una revisión más extensa del padrón de beneficiarios. Se desestimarán cerca de 1 millón de solicitudes de inscripción al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que, desde 2022, nunca se completaron o tenían datos erróneos.
Según explicaron fuentes oficiales, son solicitudes que se hicieron, pero a las que no se les otorgó el subsidio, por lo que son consideradas como trámites “abandonados o duplicados”. “No se le quita el subsidio a nadie que lo esté recibiendo”, aclararon.
Para verificar que esta “depuración” de las solicitudes del sistema sea correcta, la Secretaría de Energía enviará una notificación al titular que haya cargado los datos del pedido, dejará 60 días corridos para actualizar o completar la información del trámite y, si no hay respuesta, lo dará de baja.
Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para revisar quiénes reciben asistencia del Estado en las facturas de luz y gas, y concentrar los subsidios en los sectores considerados de menores ingresos.