Las situaciones presentadas ocurrieron, de acuerdo al relato fiscal, en la localidad de Gaiman desde el año 2024, luego que la pareja mantuviera una convivencia de unos siete años, aunque siempre el período estuvo enmarcada por manifestaciones de violencia y agresión. Es así que se le imputan cuatro hechos, donde inclusive el imputado hizo caso omiso a decisiones judiciales, como por ejemplo prohibición de acercamiento y las víctimas resultan ser sus propias hijas, su ex pareja y hasta profesionales del servicio de protección de derechos de aquella ciudad.
Las calificaciones son por un hecho de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso ideal con desobediencia en el marco de la Ley 24417, 26061 y convención sobre los derechos del niño, otro hecho de amenazas en concurso real con daño en contexto de violencia de género Ley 26485 y bloque constitucional en la materia, un tercer hecho por amenazas en concurso real con desobediencia y el último calificado como coacciones agravadas dirigidas a obtener una actuación a concesión de agentes integrantes del organismo dependiente del poder ejecutivo municipal, coacciones agravadas en perjuicio de profesional y desobediencia policial.
En su resolución el Juez Gustavo Castro impuso la apertura de investigación por el término de seis meses, aunque consideró que según lo mencionado por el Ministerio Público Fiscal se cuentan con numerosos elementos que permitirían elevar la acusación en más corto lapso, por lo que teniendo en cuenta los riesgos de fuga y entorpecimiento dispuso la prisión preventiva del imputado en principio por dos meses.