El Gobierno reunirá este martes desde las 13 a la mesa política en la Casa Rosada para hacer un seguimiento de las medidas sobre Malvinas que anunció Javier Milei en cadena nacional. Por eso, para dar cuenta de los avances en sus respectivas áreas, fueron convocados a participar del encuentro el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti.
La convocatoria a los ministros fue anunciada este lunes durante la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente para hacer un seguimiento de la estrategia oficial sobre Malvinas. Allí, Milei también definió que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comience su tratamiento en la Cámara de Diputados.
Con esa premisa, la cita de este martes abordará la táctica oficialista de cara al inminente trabajo en las comisiones y las negociaciones con los bloques opositores y aliados, mientras el Gobierno busca sostener y aprovechar el impacto político del anuncio.
El proyecto, tal como lo planteó Milei, persigue tres objetivos centrales: endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, habilitando en los casos que corresponda el juicio en ausencia; crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
En paralelo, la presencia de Presti también servirá para dar cuenta de la planificación y el financiamiento de la Base Naval Integrada que el Gobierno busca construir en Tierra del Fuego, proyecto para el cual Milei ya reasignó u$s 142 millones del presupuesto nacional. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron a TN que las estimaciones finales del proyecto contemplarían entre u$s 400 y u$s 500 millones, por lo que el Ejecutivo deberá definir de dónde obtener el 70% del financiamiento aproximado restante.
Por su parte, Quirno está a cargo de los procedimientos para sancionar a las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas ilegales en el archipiélago.
Según detalló el canciller el viernes pasado, unas 180 empresas ya fueron advertidas de que deberán elegir entre continuar operando en las Islas o enfrentar sanciones en la Argentina. En ese sentido, el Gobierno ya inició procedimientos contra 45 sujetos humanos o jurídicos que se encuentran en situación de infracción a la normativa vigente.