Vargas Anríquez había egresado del establecimiento penitenciario el 3 de noviembre de 2025, beneficiado por la libertad condicional en el marco de una condena inicial de cinco años de prisión dictada en agosto de 2022. Sin embargo, apenas un mes después de haber recuperado la libertad, inició una seguidilla de seis hechos acreditados entre diciembre de 2025 y junio de 2026.
El historial de reincidencia comenzó el 9 de diciembre de 2025 y continuó los días 18 de enero, 13 de febrero, 18 de mayo, 6 de junio y 10 de junio de 2026. Estos nuevos hechos motivaron la apertura de una nueva causa, la cual derivó el pasado 26 de agosto de 2026 en un juicio abreviado donde fue condenado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo, estafa y amenazas.
Ante esta situación, la funcionaria de fiscalía Sofía Torres, solicitó formalmente la revocación de la libertad condicional con sustento en el Artículo 15 del Código Penal y la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, normativas que prevén de forma taxativa el cese del beneficio ante nuevos ilícitos.
UNIFICACIÓN ARITMÉTICA DE PENAS
Un punto clave de la audiencia residió en la aplicación del régimen de unificación de condenas. De acuerdo con las modificaciones introducidas al Artículo 58 del Código Penal por la Ley 27.785, la suma de las penas debió realizarse bajo el criterio estricto de suma aritmética:
- Primera condena: 5 años de prisión.
- Segunda condena: 3 años y 6 meses de prisión.
- Pena total unificada: 8 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.