Se los imputó por la explotación de diversas plataformas clandestinas de juegos de azar, sin la debida autorización de la autoridad competente, esto es, el Instituto de Asistencia Social. Según la investigación, todos cumplieron el rol de cajeras y cajeros dentro de la red: recibían y distribuían el dinero de las apuestas a través de billeteras virtuales.
La conducta está prevista en el artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona a quien explote, administre, opere u organice, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad de captación de juegos de azar sin autorización de la autoridad competente. La norma alcanza tanto los locales físicos no habilitados como las plataformas de apuestas virtuales.
Los 10 imputados escucharon los cargos a través de Zoom, en cuatro audiencias realizadas durante la mañana de este viernes en la Oficina Judicial de Rawson. En tres de los casos fueron asistidos por defensores particulares; en el restante, la imputada se presentó en la Oficina Judicial acompañada por una defensora particular. Se trata de una mujer desocupada, emprendedora, oriunda de Comodoro Rivadavia.
El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general Eugenia Domínguez, a cargo de las investigaciones, junto a la Funcionaria de Fiscalía, Ruth Saigg. La víctima es el Estado provincial, representado por el Instituto de Asistencia Social y, en este proceso, por la Fiscalía de Estado. A los otros nueve imputados los asistieron los defensores oficiales Pablo Sánchez, Miguel Lugo y Damian Dantonio.
Los diez imputados son oriundos de Comodoro Rivadavia y la otra mitad de Esquel.
Se sospecha que fueron autores o partícipes necesarios de integrar y operar una red de apuestas ilegales a través de redes sociales y plataformas virtuales creadas para ese fin, actuando como cajeras y cajeros ilegales dentro de la estructura. La red se complementaba con billeteras virtuales y cuentas electrónicas para el ingreso, egreso y flujo del dinero. El plazo de investigación es de seis meses.