El fiscal Gerardo Pollicita profundizará el lunes la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni y pedirá una serie de medidas para verificar las explicaciones que presentó el exjefe de Gabinete en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Entre los principales puntos, buscará comprobar mediante un peritaje los movimientos de sus billeteras virtuales y revisar específicamente las ocho operaciones con criptomonedas con las que el exfuncionario afirmó haber obtenido u$s 591.544,61 antes de ingresar a la función pública.
Según pudo saber TN, el procedimiento sobre las operaciones cripto será realizado por un especialista y quedará grabado. El objetivo será determinar si los movimientos que presentó la defensa se corresponden con las fechas, montos y direcciones digitales consignadas en el descargo.
La defensa de Adorni sostuvo que los fondos provinieron de la compra y posterior venta de Bitcoin entre 2014 y 2018. Además, presentó un acta notarial para acreditar la titularidad de ocho billeteras y puso a disposición de la Justicia las claves privadas. Según su explicación, las criptomonedas fueron vendidas a particulares y los dólares fueron recibidos en efectivo, sin pasar por bancos ni exchanges.
Pollicita quiere ahora verificar técnicamente esa reconstrucción y la trazabilidad de los activos digitales. También se solicitarán nuevas medidas vinculadas con la situación económica y la evolución patrimonial de Adorni.
Todas las medidas deberán ser autorizadas por el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente.
Otro de los puntos que será revisado es el costo de las obras realizadas en la propiedad de Adorni en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
Durante la investigación se incorporó la versión del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber recibido unos u$s 245.000 de la familia Adorni por los trabajos. La defensa rechazó ese monto y presentó un informe de un perito arquitecto que estimó el valor de las refacciones en u$s 174.954,58.
Para la Fiscalía, esa pericia de parte no resulta suficiente por sí sola para acreditar cuánto costaron efectivamente las obras. Por ese motivo, pedirá documentación respaldatoria que permita establecer si las refacciones demandaron aproximadamente u$s 174.000, como sostiene Adorni, o si se acercaron a los u$s 245.000 incorporados previamente al expediente.
La defensa había cuestionado la documentación aportada por Tabar y señaló diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes y facturas vinculadas a materiales. También reconoció que parte de la relación económica fue informal y que hubo pagos en efectivo.