La Corte Suprema autorizó temporalmente el martes al Gobierno de Donald Trump a reanudar su política de deportar migrantes a países con los que no tienen vínculos, al tiempo que acordó celebrar audiencias sobre esta práctica controvertida.
El Tribunal Supremo acordó suspender una orden emitida en febrero por un juez federal de distrito que establecía que las autoridades de inmigración debían garantizar un mayor debido proceso a los deportados antes de enviarlos a los llamados terceros países.
Dicha decisión fue ratificada en gran medida por un tribunal federal de apelaciones a principios de este mes, reportó CBS News y supo Noticias Argentinas.
Los tribunales inferiores dictaminaron que los migrantes tienen derecho a ser notificados y a tener la oportunidad de impugnar sus deportaciones antes de que los funcionarios de inmigración intenten enviarlos a países que no son los suyos.
Sin embargo, la Administración Trump ha argumentado que esas decisiones impidieron que el Departamento de Seguridad Nacional “expulse eficazmente a extranjeros“, incluidos aquellos con antecedentes penales.
La decisión de la Corte allana el camino para que la Administración Trump continúe basándose en una política de marzo de 2025 que permite a los funcionarios enviar a los deportados a terceros países, sin notificarles el destino, si dichas naciones brindan al gobierno estadounidense garantías absolutas de que no perseguirán ni torturarán a los migrantes deportados.
Países donde se realizan las deportaciones de migrantes
Más de 25.000 migrantes deportados a 29 países, según un recuento de grupos de derechos humanos publicado por France 24. La cifra corresponde a deportaciones realizadas en virtud de una política implementada el año pasado y la gran mayoría de las expulsiones se ha destinado a México.
Esta política forma parte de diversas medidas impulsadas por el Gobierno de Donald Trump para cumplir su promesa de deportaciones masivas. Desde su regreso al cargo en enero de 2025, el mandatario ha intensificado la represión contra la inmigración, considerada una de sus principales prioridades.
La Administración también ha recurrido a deportaciones a terceros países, incluyendo destinos como Sudán del Sur —un país considerado políticamente inestable y para el que el Departamento de Estado de EE. UU. recomienda a sus ciudadanos evitar viajes por riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado—, así como Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana, entre otros.