A fines de septiembre, el Gobierno había intimado al Reino Unido a que impidiera el inicio o la continuación de las actividades de explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas. Ese período terminó ayer y la Argentina recurrió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Alemania, a través de una presentación de la Cancillería.
El Gobierno anunció, a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar de “una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte”.
Explicó que el pedido “busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
Destacaron que “la presentación se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno Nacional inició el 28 de septiembre de este año, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender su soberanía y los recursos naturales de todos los argentinos”.
Aclararon que la presentación “se fundamenta en lo dispuesto en el Artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR según el cual, mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, cualquiera de las partes en la controversia podrá solicitar al Tribunal que prescriba medidas provisionales para preservar los respectivos derechos de las partes en la controversia o para prevenir daños graves al medio marino, y si la urgencia de la situación así lo requiere”.
El comunicado, firmado por el presidente Javier Milei, planteó que la Argentina “reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, y que “por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”.