La audiencia de apertura de la investigación se desarrolló en la sala de audiencias de la oficina judicial. El juez Jorge Novarino se conectó mediante el sistema webex. En forma presencial asistieron la fiscal Laura Castagno y el abogado Mateo Roscio en representación de la Municipalidad de Sarmiento.
Asimismo, estuvieron en el acto judicial el ex asesor contable Daniel Miguenz, junto a su abogado Guillermo Clauber. En tanto, los imputados Sebastián Balochi y Rubén Camarda, fueron asistidos por los abogados del Ministerio de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano.
En este sentido, la fiscal explicó que los hechos a investigar son los registrados entre los meses de mayo y diciembre de 2015, consistente en el incumplimiento deliberado por parte de los imputados de los deberes previstos en la Ordenanza 049/12, más precisamente en sus artículos 4, 19 y 26.
A ello, agregó que el artículo 4 de esta norma establece que: “corresponde al Concejo Deliberante autorizar la contratación de ejecución de obras públicas municipales, su conservación y mantenimiento. En el acto de autorización el Honorable Concejo Deliberante establecerá las modalidades de contratación y aprobará el pliego de bases y condiciones dentro de lo establecido en la ley XVI nro. 46”.
Por otra parte, el artículo 19 de la Ordenanza N° 49/12 postula que: “no serán tomadas en cuenta las propuestas que modifiquen las bases y condiciones de la licitación, por ventajosas que sean”. Finalmente, el artículo 26, último párrafo, dice: “En todos los casos la oferta seleccionada deberá ajustarse a las bases y pliegos de la licitación”.
Según los investigadores, la Licitación Pública N° 01/15 fue llevada adelante por Sebastián Balochi y Rubén Camarda, -ambos en su carácter de Intendente y Secretario de Coordinación de Gabinete- y Daniel Miguens, como Secretario de Hacienda.
Esta contratación tenía por objeto la construcción de una Escuela de Artes y Oficios Municipal. La obra fue adjudicada mediante Resolución N° 1206/15 la Empresa Ledesma y Cía. S.R.L, luego que se realizara un primer llamado -declarado desierto- y una prórroga del plazo.
MONTO MAYOR Y SIN APROBACIÓN DEL CONCEJO
Castagno, afirmó que esta adjudicación se realizó por un monto mayor al originario. El ejecutivo municipal aceptó la modificación de los pliegos de bases y condiciones, autorizando un importante incremento.
En este marco, manifestó que el Ejecutivo Municipal realizó el pago del anticipo financiero a favor de la empresa adjudicada, consistente en el 20% del monto de la licitación. Este pago fue afrontado por dinero proveniente de las arcas municipales, a pesar que dicho proceso licitatorio no contaba con la autorización del Honorable Concejo Deliberante.
Según la investigadora, Balochi, Camarda y Miguens, omitieron deliberadamente cumplir con los deberes impuestos en la referida normativa. Por último, la representante de la fiscalía indicó que la calificación legal de la conducta que se atribuye a los imputados, es la de presuntos autores del delito de abuso de autoridad.
“UNA PERSECUCIÓN FEROZ Y TENAZ”
Luego, el intendente Balochi utilizó su derecho a expresarse en esta instancia del proceso penal. Manifestó que “luego de cinco años de estar sometido a este proceso penal y siempre he estado a derecho, quiero manifestar lo que siento como ciudadano”.
En este sentido refirió “esto que se inició, tal vez como algún deber legal quien en aquel entonces me sucediera como intendente, luego se transformó en una feroz persecución, en una tenaz persecución, con falta de sustento fáctico y jurídico que pueda llevar a una imputación alguna”.
Por otra parte, el titular del ejecutivo municipal manifestó “me llama la atención que hay un montón de hechos que figuran denunciados, como remates ‘truchos’ que han llevado a la sanción del martillero, familiar de la abogada que representaba a la municipalidad en esta audiencia, y jamás estas causas han sido motivo de publicación a la comunidad, de cómo se ha resguardado el patrimonio público”.