La diputada expresó que “en la tramitación de la respuesta al pedido de informe, Antonena se dirige a la Dirección de Asesoría Legal con un texto que es por demás sorprendente ya que dice: ‘Visto la nota 81- SGG- 2021 solicito dar la respuesta con los fundamentos correspondientes dado que la implementación es inaplicable’”.
Para Artero, esa orden de Antonena al asesor legal “pinta de cuerpo entero al ministro y al Gobierno en cuanto al cumplimiento de las leyes, algunas de las cuales no aplica, otras ni publica o deja sin vigencia mediante resoluciones. Una verdadera burla. En ese corto pase del expediente al asesor legal, Antonena ordena dictaminar en contra, no consulta, reitero ordena. Exige dictaminar que esa ley es inaplicable, como hicieron con tantas otras leyes al sacarlas del digesto”.
El Fonvis fue sancionado y publicado el 4 de marzo de 2019 y modificado el 26 de junio de ese mismo año. La Ley tiene por objeto atender crediticiamente a aquellos núcleos familiares que teniendo un terreno propio o sucesorio quieran construir su propia vivienda o refaccionarla. Los fondos para el financiamiento deben provenir del 4 por ciento del total de las regalías hidrocarburíferas.
La diputada destacó que en la respuesta al pedido de informe se menciona que la recaudación que correspondería al FONVIS es de $ 1.055.512.737, 31. “Dinero que correspondería en crédito para viviendas o refacciones de las mismas a los municipios de nuestra provincia. A Comodoro Rivadavia, por ejemplo, le corresponderían $ 400.000.000, a Trelew y Madryn más de $ 100 millones o cercanos a esa cifra, a Rawson, que tiene terrenos para desarrollar y urbanizar, más de 50 millones. En fin, un número por demás interesante”, resaltó.
Y agregó: “Quiero aclarar que esta ley no interfiere en absoluto con el sistema tradicional de viviendas que lleva adelante el IPV, sino que es un fondo adicional para potenciar la construcción las viviendas y los servicios. Con esto habrá más fondos y más obras para los obreros de la construcción y las viviendas costarán un tercio de lo que las están pagando.
La última adjudicación publicada en todos los medios la semana pasada establece que cada vivienda social costará $ 6.000.000 y no tengan dudas que mediante los créditos a implementar de acuerdo al FONVIS la gente se haría su casita con $ 2 millones”.
Artero indicó que en la respuesta de Antonena hay “otro párrafo muy esclarecedor que afirma que debido a ‘la disminución sustancial de las regalías hidrocarburíferas resulta de cumplimiento imposible la transferencia automática en tiempo y forma los fondos mencionados en la ley xxv nº 61’, yo le agregaría ni en tiempo y forma ni nunca, porque no pensaban transferir jamás esos fondos. El ministro tiene para negociados con financieras y la favorita se lleva millones y millones en intereses, pero a nosotros no nos importa tanto Casa Puente como al señor ministro, nos interesa que esta ley sea un verdadero puente no de curros financieros sino dinero para construir miles de viviendas y llevar miles de servicios a gente que hace muchos años espera y a los municipios que están siempre en la primera línea de los problemas sociales de los cuales los terrenos y la vivienda son fundamentales”.
Por último, Artero adelantó que en “la próxima sesión aprovecharemos con mis compañeros de bloque para aportar a esta ley alguna modificación que establezca claridad en la necesaria participación de los municipios en los créditos a otorgar en virtud de la misma”