El proyecto de ley aprobado por el legislativo tiene como objetivo buscar alternativas precisamente a la inyección letal ante la escasez de esos fármacos por la negativa de las empresas farmacéuticas a que se utilicen en ejecuciones.
El documento todavía tiene que ser ratificado por el gobernador, el republicano Henry McMaster, que ya anunció su apoyo al proyecto.
Actualmente, los presos condenados a muerte en Carolina del Sur pueden elegir entre la silla eléctrica o una inyección letal para ser ejecutados, por lo que optan por esta última opción ya que el estado carece de existencias.
A partir de ahora, en caso de que el estado no disponga de fármacos letales, el reo tendrá la opción de elegir cómo ser ejecutado entre la silla eléctrica y el fusilamiento.