Los ministros Fabián Puratich (Salud), José Grazzini (Gobierno) Florencia Perata (Educación), Oscar Antonena (Economía) y Gustavo Hermida (Familia) convocaron a los intendentes el viernes para definir la situación de cada ciudad en el marco del DNU nacional que se publicó apenas dos horas antes de entrar en vigencia.
Ni bien comenzó, uno de los primeros que tomó la palabra fue el intendente Juan Pablo Luque de Comodoro Rivadavia. Y no anduvo con vueltas. Dijo que era una falta de consideración enorme que en la reunión no esté el gobernador Mariano Arcioni, quien se encontraba en Buenos Aires.
Pero Luque no terminó ahí. También dejó una indirecta para todos. Recordó que Comodoro Rivadavia estaba en ese momento en situación de alto riesgo epidemiológico porque es la ciudad que más testea, por lo que pidió igualdad de condiciones para todos.
Y hasta advirtió que, si las medidas que se aplicarían en Chubut no eran iguales para todos, dejarían de testar, porque el mayor nivel de contagios en la ciudad petrolera es consecuencia de un mayor volumen de testeos.
Nadie dijo nada. Ni los funcionarios, ni los intendentes.
“ME PUTEAN A MÍ”
Otro de los que no se cayó nada fue el intendente de Río Senguer, Miguel “Colo” López.
En la reunión pidió “seriedad” y aclaró que si quieren disminuir los contagios “sean verdaderamente estrictos”.
¿Por qué dijo esto? Porque López vivió una situación no deseable tiempo atrás cuando la localidad de Senguer estaba amurallada para que no ingrese nadie por un brote interno.
Sin embargo, el “Colo” lamentó que hubo una excepción: Confesó en la cumbre virtual que el hijo del empresario Cristóbal López ingresó a la localidad “excepcionalmente”, lo que generó irritación en los vecinos.
En los pueblos se conoce todo y la entrada del hijo de Cristóbal López a la localidad que estaba totalmente cercada y asilada, se supo en cuestión de minutos.
“Controlemos seriamente porque después me putean a mí”, habría dicho el Colo López en la reunión, haciendo clara alusión al malestar de los vecinos por la excepción al familiar del empresario.
LA JUSTICIA ESTUPEFACTA
Los diputados Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera presentaron la semana pasada un proyecto de ley que prohíbe contratar con el Estado a las personas condenadas por corrupción.
En una Provincia hackeada por hechos de corrupción, de los cuales muchos ya tienen condena de primera instancia, la noble iniciativa de la UCR amenazaba con ponerle un freno a los pícaros que siempre logran eludir todos los vericuetos administrativos.
Sin embargo, cuando desde el Poder Judicial oyeron sobre el proyecto y tomaron conocimiento hacia a dónde apuntaba, más de uno se agarró la cabeza.
Uno de ellos fue concreto: “Es muy lindo para los oídos el proyecto, pero se olvidaron de leer la Ley II °N 76”, que regula la Administración Financiera y el sistema de control interno del Sector Público Provincial.
En su artículo 102 cuenta con cuatro incisos, y el “C” aporta precisiones en torno al proyecto que presentaron Pagliaroni y Aguilera.
“No podrán ser admitidos a contratar con la Administración Provincial los que se hallen condenados por delitos dolosos y las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la Administración Pública”, sostiene el artículo 102 inciso c de la ley II N° 76.
A grandes rasgos, no hay diferencia entre ese artículo y el proyecto de ley que ingresó la semana pasada a la Legislatura.
EL POLO SOCIAL ARPOBÓ LA ALIANZA Y AYALA QUEDÓ EN OFFSIDE
La UCR materializó dos encuentros con el Polo Social. Una en Rawson y la segunda en Comodoro Rivadavia, como anticipó Metadata. En el medio, César Ayala, referente del partido y funcionario del gabinete de Adrián Maderna, quedó en una posición incómoda.
Maderna vio en cámara lenta como la UCR con Damián Biss a la cabeza le “birlaba” al Polo Social para una alianza de cara a las elecciones.
Ayala, quien fue secretario Coordinador de Gabinete en la Municipalidad de Trelew y ahora tiene un cargo menor, llegó al madernismo, en parte, por promesas de que el Polo Social apoyaría y se sumaría al espacio del intendente en una eventual candidatura a gobernador o para las legislativas de este año.
Pero algo falló. Jacqueline Caminoa, pero principalmente Biss, fueron construyendo “ramita por ramita” y estamparon un acuerdo con el presidente del Polo Social, Oscar Petersen.
El Polo Social puso a consideración la alianza con la UCR y fue aprobada por 6 a 1. La única negativa fue la de Ayala, quien deberá dar serias explicaciones al madernismo.